Regresión.

    Como ya he dicho por aquí, no comulgo demasiado con la iglesia freudiana. Freud nos convenció “científicamente” de que tenemos algo que nació en las petites perceptions de Leibniz y que entusiasmó al idealismo alemán y al romanticismo, el “inconsciente”. Desde entonces todos quedamos convencidos de tener uno, lo cual nos permite echarle a él la culpa de la mitad de nuestros pecados. No obstante, de un modo u otro, desde luego nada “científico”, Freud encontró algo, a lo mejor algo que todos esperábamos escuchar o algo lo suficientemente vago como para que todo el mundo pueda reconocerse en ello, o simplemente, algo que tiene una explicación diferente a la que él le dio, pero, en cualquier caso, algo. Un ejemplo lo tenemos en el concepto de “regresión”. Según Freud, el desarrollo psicológico de los individuos no va en línea recta, sino que, con frecuencia, se intercalan etapas en las que el individuo retorna a estados mentales anteriores en forma de comportamientos inmaduros, sueños o fantasías impropias del estado de desarrollo psíquico en el que se encuentra. No queda claro en Freud si debemos entender esta regresión como un intento por parte del sujeto de resolver determinados conflictos emocionales, como una consecuencia inevitable de traumas o deseos reprimidos o si hablamos de un simple mecanismo de defensa para protegerse de la ansiedad. Dicho de otro modo, no queda claro si enfrentamos un proceso normal en la adaptación a los cambios o un proceso patológico que debemos evitar a toda costa. Todo vale según y depende para que todo y nada quede explicado, lo cual permite asociar el concepto con cualquier situación que el sujeto viva como estresante y que desate en él dudas acerca de su capacidad para manejar las emociones que le generan. En ese saco caben desde la muerte de un ser querido, una enfermedad grave, una violación o el divorcio de los padres hasta “cambios significativos en la vida de una persona” tales como una mudanza o el fin de una relación. Por supuesto, la “regresión” no designa algo que pueda observarse, se trata de un constructo, que, supuestamente, da cuenta de una multiplicidad de comportamientos sin que exista regla ni criterio que permita enlazarlo con ellos. Morderse las uñas, expresarse en términos infantiles, ver dibujos animados, disfrutar de los relatos estereotipados, sentir miedo a la oscuridad, imaginar monstruos, buscar figuras parentales para resolver los problemas o sentir celos hacia los hermanos, constituyen otras tantas conductas del estado de regresión. Superar la regresión implica acudir a un profesional, que para eso se inventó el psicoanálisis, para llenar las consultas de los psicoanalistas. El profesional de turno nos desvelará algo que nadie más puede alcanzar y que, por tanto, nadie más podrá corroborar o refutar, a saber, la situación estresante o traumática que ha causado la regresión. Hablar acerca de ella, he ahí el núcleo de todo tratamiento psicoanalítico, disolverá el problema como azucarillo en el café. Pero, eso sí, para ello se requiere la colaboración del paciente. Resulta bastante curioso que en el psicoanálisis suele mencionarse la autocompasión como un paso previo para lograr salir de la regresión, entendiendo por “autocompasión” la capacidad para comprender que los momentos de debilidad y de dificultades forma parte del proceso de crecimiento personal. Y, naturalmente, tenemos la aceptación, el gran remedio que ya inventaron los estoicos y que consiste en comprender que “las cosas son como son” y nadie tiene en sus manos la posibilidad de cambiar el “ser” de las cosas. En resumen, la regresión se produce por nuestra negativa a aceptar que vivir consiste en enfrentar desafíos, que el “ser” forma parte del mapa que continuamente vamos generando para orientarnos en el mundo, pero que en la realidad, en el territorio, no hay nunca nada sólido, duradero, permanente durante mucho tiempo… gracias a Dios.

   Aunque Freud utilizó el concepto de regresión para explicar lo que ocurría en determinadas etapas del desarrollo psicológico de los individuos, en El miedo a la libertad, aparecido nada menos que en 1941, Erich Fromm lo utilizó para explicar procesos colectivos, más en concreto, el ascenso del fascismo. La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión habrían funcionado como situaciones estresantes desencadenando una regresión colectiva. El constructo “regresión” daría cuenta así del auge de movimientos políticos y sociales que ensalzaban la vuelta a una época anterior, que idealizaban un pasado inexistente y, en particular, utilizaban la violencia como forma de superar los problemas de la época presente. Según Fromm el fascismo ofrecía la promesa de una identidad y un sentido de pertenencia que les había sido arrebatado a los individuos por el desarrollo de la modernidad. A Fromm le corresponde el mérito de haber visto en el fascismo algo más que una forma de gobierno o un acontecimiento histórico. Se trataba de un fenómeno cultural y social enraizado en la psique de los individuos que viven en determinados períodos de cambios particularmente traumáticos o acelerados. En consecuencia, si, como parece, la velocidad de los cambios históricos se ha incrementado en el último siglo, entonces debemos prepararnos para continuos pasos por etapas regresivas… o madurar de una puñetera vez. En las ideas de Fromm hay encerrada una auténtica filosofía de la historia que pocos han querido desarrollar, lo que podríamos llamar una historia anudada. A diferencia de lo que nos enseñó el cristianismo y a diferencia de la concepción tradicional, la historia ni constituye un proceso lineal marcado por un inicio y un fin, ni un proceso circular en el que todo termina donde empezó. En contra de lo que pensaba la Ilustración, cada paso hacia adelante no anuncia más pasos hacia adelante, sino el aumento de la probabilidad de que se produzca una regresión. Regresión que, más pronto o más tarde, acabará por conducirnos un paso más allá de donde nos encontrábamos. Por eso hay autores que han propuesto el carácter cíclico o espiral de la historia, porque siempre hay parecidos entre los avances y las recaídas. Más acertado parece decir que nuestro deambular por la historia sigue una trayectoria semejante a la que trazan los planetas en el cielo nocturno, van en una dirección hasta que comienzan a marchar hacia atrás para volver al sentido original. Se los llamó “planetas”, precisamente, porque “planeta” en griego, significa “errante”. Sólo que su regresión tiene un carácter puramente aparente, pues se debe a la composición del movimiento del astro en cuestión con el de la tierra. 

15 de diciembre de 2.022: un país sin futuro.

   Para una persona como yo, la locura siempre es una posibilidad. Debo haber caído definitivamente en ella porque veo cosas que nadie más parece ver. Comencé a escribir la primera de estas entradas mientras mi ventana temblaba por la prueba de sonido de una actuación que el Ayuntamiento había programado en la plaza donde vivo. Se trataba de un mago, de esos que te hacen creer que es algo natural que las cosas desaparezcan, que hay que triturar periódicos para que te aplaudan y que uno pueda adivinar las cartas que van a salir de una baraja sin que esté marcada. Venía a recordarles a los tiernos infantes la proximidad de las navidades y a sus padres la proximidad de las elecciones municipales. Unos y otros se arremolinaron alrededor de las luces, la música y los globos gratis. Ningún adulto daba señas de querer estropear el momento alzando su voz en público contra lo que estaba pasando. Ni siquiera había nadie que llevase un folio en blanco. Los cimientos de este país están minados por bombas de relojería que hacen “tic, tac, tic, tac…” mientras todos paseamos fingiendo que no oímos nada. Pero esas bombas de relojería llevan ahí ya varios años y su ritmo no se ha acelerado en los últimos meses ni parece que la hora fijada para la explosión se haya adelantado. Las orejas de la estanflación que los estómagos agradecidos del putinismo avisan que se ven desde hace tiempo parecen clavadas en el horizonte. La economía crece mientras la presión inflacionaria disminuye, el milagro que todo neoliberal considera imposible. El año 2.022 se ha llevado por delante buena parte del poder adquisitivo de los españoles, pero, para celebrarlo, éstos se han lanzado a una vorágine consumista estas navidades como no se recuerda otra desde mucho antes de la pandemia. El tsunami de los precios energéticos que amenazaba con dejar Europa en la oscuridad y el frío se dispone a abandonarnos con menos estragos de los causados por el “efecto 2.000”. En las calles se respira placidez, la opinión pública está adormecida, la tensión que precede a cualquier estallido social resulta imperceptible. Cuando yo estaba a punto de jubilarme el país vivía embelesado por los amoríos de un torero y una tonadillera y ahora, 150 años después, todo el mundo vive pendiente de lo que otra tonadillera le canta a un torero de los tiempos modernos, quiero decir, a un futbolista. La calma chicha, la somnolencia de la opinión pública, llega al punto de que la corrupción ocupa uno de los últimos puestos entre las preocupaciones de los españoles, sólo por delante de la sequía y del cambio climático. A los ciudadanos de este país les preocupa tener un trabajo del que no los despidan la primera semana de bajada de ventas, les preocupa quedarse sin la pensión de la abuela y cuánto les va a costar su próximo coche sobredimensionado. Y los políticos no dicen ni una palabra de eso. Pero una cosa es que a los ciudadanos no les preocupe lo que ocurre en el Parlamento y otra cosa muy distinta que el vitriolo que emana de su púlpito, que repiten ad nauseam todas las pantallas y que amplifican cada día a primera hora de la mañana las radios del país acompañando a la gente a sus trabajos no acabe por envenenarlos. 

   La crisis institucional, la tensión, el lenguaje incendiario, las campanas del apocalipsis golpista, poner a la democracia al borde del abismo, enterrar principios básicos para su buen funcionamiento, no ha obedecido a ninguna crisis social, política o económica, a ninguna demanda ciudadana, a ninguna exigencia de la calle, a nada que a la gente le importe más que la cerveza que se toma a media mañana. La situación del país no pone en riesgo nuestra democracia, son quienes supuestamente la encarnan, sus progenitores, quienes están ahí y ganan un cuantioso sueldo y, aún más, un cuantioso sobresueldo gracias a ella, los que la han estrangulado, con mayor responsabilidad cuanto más elevado es su cargo. Todavía peor, no lo han hecho por desidia, por estulticia ni por inconsciencia. Había una consigna dirigida desde lo más alto para incendiar el mes de diciembre y así hacernos tragar a todos enormes sapos tóxicos con tiempo suficiente para que los hayamos digerido cuando lleguen las próximas convocatorias electorales. Ni hipocresía les queda a esta pandilla barriobajera de parlamentarios que exhibe sin disimulo su afán por arramblar con todo y hasta hablan de “apaciguar Cataluña” horas antes de que las autoridades catalanas proclamen 2.023 como el año de la independencia otra vez. No existe un solo problema en este país, por pequeño, simple y miserable que sea, que pueda llegar a resolverse con bien para todos sin que antes resolvamos el más grande y significativo de los problemas que tenemos, el de mandar al paro a esta generación de políticos. Pero, como decía, parece que yo soy el único esquizofrénico que padece esta alucinación. Esta entrada, al igual que las anteriores, la van a leer una docena de personas, la mayoría de EEUU. Lo que ocurre aquí, aquí no le importa a nadie y otra vez las alimañas airearán pavores que todo buen nacido debe sentir y otra vez se llenarán las urnas de votos confiados en que todo cambie y volverán a estrangular la democracia un poco más hasta que alguien, alguien muy universitario y muy premiado, busque excusas de por qué se murió.

15 de diciembre de 2.022: un país sin universidades públicas.

   En medio de toda la bronca política por la reforma del Consejo General del Poder Judicial; en medio de la vergüenza propia y ajena de ver cómo delincuentes confesos quedaban eximidos de cualquier responsabilidad pública y, particularmente, política; en medio del bochornoso espectáculo de ver cómo comenzaba la agonía de la democracia nacida en 1976; sin que nadie lo percibiera, otra bomba política y social pasaba el trámite parlamentario: la reforma universitaria. Esta reforma universitaria nació como el proyecto estrella de Manuel Castells, “el desconocido”. De Castells alguien tendría que escribir un libro, no en tanto que ministro ni en tanto que sociólogo, sino en tanto que fenómeno social. Catalán de pura cepa nacido en Castilla, pionero heroico en la introducción de conceptos largamente conocidos por todos, incansable escritor acerca de la trivialidad o la nada, destacó en los años ochenta de la mano de un marxismo sociológico que de Marx ya no guardaba nada y que convertía en luchas sociales por la liberación las protestas de unas clases obreras que se sentían defraudadas porque la promesa de que se convertirían en “clase media” no acababan de materializarse. En cuanto oyó a cuatro intelectuales de tertulia hablar de “globalización” se subió al concepto y largó una parrafada de más de mil páginas en tres volúmenes en donde hablaba de lo divino y de lo humano, sin explicar nada, sin predecir nada, pero, eso sí, repitiendo los tópicos típicos que todo el mundo quería oír. Fue un boom. Las universidades de EEUU se dieron de tortas por él, las revistas de toda laya discutían si nos hallábamos ante el nuevo Weber o el nuevo Spencer (más bien habría que compararlo con Spengler) y hasta la televisión pública le dedicó una serie de programas para que fuera improvisando sobre la marcha desvelándonos los secretos del acontecer. Creo que la “serie” se quedó en tres programas después de que la audiencia la abandonara, cansada de oírle recitar innumerables veces las mismas papanatadas envueltas de palabros de moda. El siglo XXI, sobre el que ha escrito más que nadie, le pilló un poco a contrapié. Se había convertido en un promediador de ideas y de corrientes, en un profeta de lo ya ocurrido, que intentaba mantener su estatus intelectual y acumular contratos en el proceloso mundo universitario norteamericano. Por si acaso, había echado la caña en la política española. Podemas exigió para su Ilustrísima un ministerio. Podría haber sido ministro de la vivienda o de la información o de la transformación digital o de cualquiera de esas cosas sobre las que, supuestamente, sabía tanto por haberse llevado toda su vida escribiendo sobre ellas, pero le dieron un ministerio sobre el que sabía muchísimo más, el  “Ministerio de Universidades”.

   Castells llegó a la cartera ministerial augurando cambios, transformaciones y, como todos los ministros que han tenido que ver con el tema, poner a la universidad española a la vanguardia de la excelencia académica. Bueno, lo de “llegó” es un decir. Llegar, llegar, llegó tarde y bien poco. Se pasó la mayor parte del tiempo de su mandato en los EEUU cumpliendo sus compromisos, ganándose sobresueldos que dejaban en calderilla lo que cobraba como ministro y tratándose una enfermedad porque el pobre parece que está pachucho. Cada vez que volvía a Madrid proponía una nueva versión de la ley de Universidades que prometió en su primer día en el cargo. La primera de ellas puso de uñas a los rectores, que lo amenazaron con largar a sus perros como hicieron en 2010 cuando los recortes presupuestarios llegaron a la universidad y se fraguó lo que acabó siendo Podemas. La segunda, puso de uñas a los profesores, convertidos tras las últimas reformas en becarios del catedrático de turno. La tercera, a los sindicatos. Hasta las limpiadoras universitarias acabaron soltando pestes de él. Castells dimitió in absentia “por problemas de salud” dejando un legado ministerial que parece presagiar cómo se juzgará su legado en la sociología a poco que pasen unas décadas.

   A Castells le sucedió Joan Subirats, catalán como el castellano Castells, economista, con mucho menos pedigrí intelectual, pero con solera política forjada en décadas de conchabeos y apaños en el Ayuntamiento de Barcelona. Tal y como llegó al cargo tuvo muy claro lo que tenía que hacer. Su reforma universitaria otorga bienes en función del poder que cada cual tiene. A los sindicatos les promete acabar con la precariedad, a los profesores plazas estables y el pastizal y el poder derivado de todo ello se lo entrega a manos llenas a los rectores que obtienen todo cuanto pudieran pedir y más. Se han convertido en virreyes para que hagan y deshagan a su antojo, contratando, despidiendo, imponiendo reglas y criterios para ello y utilizando su ilustrísima y magnífica potestad para adoptar posturas institucionales sobre los temas que más les apetezcan: el poder judicial, la independencia de Cataluña, la defensa de la unidad de España, los toros, el cine o cualquier indeseable que se atreva a denunciar su completo y arbitrario nepotismo. Lisa y llanamente, no existe límite alguno a su poder. Gracias a esta ley, los problemas endémicos de la universidad española desde hace siglos se perpetuarán varios siglos más, con la esperanza, ni siquiera disimulada por nadie, de que acabe muriéndose pronto por ellos y sólo quienes tengan dinero puedan costear los estudios universitarios de sus hijos en alguna universidad privada con más reconocimiento que las podridas universidades públicas. Un paso más, al cabo, en la denodada lucha de los políticos españoles de todo el arco parlamentario por exacerbar sin remedio las desigualdades sociales. Gracias a Castells, gracias a Subirats, gracias a este gobierno “sociocomunista”, gracias a todos los gobiernos que los precedieron, si volviera a nacer un Cajal en este país, tendría que escuchar cómo los miembros de los tribunales de oposición a una plaza universitaria se cachondeaban de sus teorías, esas que le valieron un premio Nobel, hasta el momento en que su padre decidiera echarle una mano.

15 de diciembre de 2.022: un país sin poder judicial.

   En el mismo paquete legislativo que suprimía los delitos de sedición y de malversación, el gobierno presentó una reforma del Consejo General del Poder Judicial que sólo exigía para la elección de sus representantes en el Tribunal Constitucional una mayoría simple y no los dos tercios antes establecidos. Esta reforma laminaba la necesidad de acuerdos entre partidos para la elección de candidatos al órgano encargado de mantener dentro de los límites constitucionales, entre otras cosas, las leyes aprobadas por el Parlamento. Gracias a ella, si un día corremos la misma desgracia que Italia y acabamos con una mayoría parlamentaria neofascista o directamente fascista, sólo tendrá que aguardar a la oportuna renovación del Tribunal Constitucional para que éste deje de oponer resistencia alguna a sus deseos. Sólo una pandilla de irresponsables podía, primero, idear semejante reforma y, segundo, amalgamarla con un paquete de medidas que muestran bien a las claras la inexistencia de vergüenza entre nuestra clase política. Pero si los partidos que forman parte del gobierno demostraron con esta actuación carecer de los requisitos mínimos para dirigir ni siquiera una república bananera, la oposición no se quedó atrás. Aunque el pleno estaba convocado casi con una semana de antelación, el PP sólo presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional un día antes de su celebración y nada menos que pidiendo la suspensión cautelar del mismo. A partir de ese momento todo lo que pudiera venir después sólo podía revestir el carácter de tragicomedia. A la petición del PP se sumó Vox, con un escrito que “argumentaba” que la función principal del Tribunal Constitucional consistía en “salvaguardar la unidad de España”. Podemas se unió a la fiesta de la antidemocracia presentando un recurso ante dicho tribunal en el que pedían la recusación de dos de sus miembros bajo el “argumento” de que el proyecto de ley alteraba el procedimiento para la renovación de sus cargos (cosa que los mismos interesados habían pedido insistentemente), lo cual implicaba “un evidente conflicto de intereses”.

   El pleno se inició con la petición de Ciudadanos de suspenderlo hasta que el Tribunal Constitucional hubiese tomado una decisión y, ante la negativa de la presidenta de la cámara, compararon su actuación con la de los independentistas con ocasión del referéndum de 2017. PP y PSOE se acusaron mutuamente de protagonizar un golpe de estado. En el PP no es nada nuevo, pues su desconocimiento de la Constitución llega al punto de que ya acusaron de “golpe de estado” a la moción de censura que llevó al poder a Pedro “el hermoso” en junio de 2018. Pero los portavoces del PSOE y del gobierno no les fueron a la zaga, afirmando que como al PP le falló el golpe de estado “con tricornios ahora lo intenta con togas”. La sesión toda fue una esperpéntica competición entre los diferentes grupos políticos por ver quien sumía al país en una crisis institucional más grave. Mientras tanto, conservando un cierto vestigio de la serenidad que se les supone a los padres de la patria, el Tribunal Constitucional decidía que la denuncia del PP no podía tratarse en una sala sino en el pleno del organismo y se aceptaba la petición del “sector progresista” de aplazar la decisión hasta el lunes 19 con objeto de analizar los sesudos “argumentos” presentados por unos y por otros. Esos cuatro días fueron aprovechados por el PSOE para inundar las redes sociales con el eslogan anticonstitucional de que todos los poderes deben quedar sometidos a lo que diga el Congreso, presentando como epítome de la democracia arramblar con la división de poderes y llegando a calificar cualquier decisión que tomara el Tribunal Constitucional como “injerencia”. Podemas, sin embargo, se esforzó por distanciarse del PSOE haciendo alarde de cómo tergiversar las leyes para saltárselas. Después de argumentar que el jueves el Tribunal Constitucional no podía decidir por haber un conflicto de intereses por parte de sus miembros, volvió a argumentar que el lunes tampoco podía decidir porque ya había pasado el trámite parlamentario al que aludía la denuncia del PP. Aún más, evidenciando que su grado de desconocimiento del significado de la palabra “vergüenza” sólo puede compararse con su grado de desconocimiento de lo que significa la palabra “ridículo”, apelaron a la Unión Europea con el fin de “salvar la democracia española” compitiendo en semejante intento con Vox, también autoproclamada vanguardia de la defensa de la democracia. 

   La Comisión Europea por toda respuesta emitió un comunicado en el que recordaba lo obvio, lo básico, lo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe, que algo así como una reforma de uno de los poderes del Estado debe pactarse y no someterse a la votación de una cámara de representarse como si de un cambio de festividades se tratase. El Tribunal Constitucional, haciendo uso de las competencias que le corresponden y que el propio gobierno le reconoció al negarse a recurrir el fallo, dictaminó la suspensión cautelar de la reforma del Consejo General del Poder Judicial en el Senado, con lo cual, paraba la tramitación de la ley hasta proceder al estudio detallado de su contenido y de las alegaciones presentadas. El hecho de que, finalmente, en el Consejo General del Poder Judicial se llegara a un apaño que permitirá renovar, por fin, un Tribunal Constitucional en funciones desde hace meses, no evita que todo el daño que esta caterva de politicastros de todo el arco político podían hacer a la democracia ya está hecho. A partir de ahora, nadie que tenga la más remota idea de lo ocurrido, dudará de que el poder judicial en este país está politizado hasta el tuétano, de que tiene tanta independencia como el existente en Polonia y de que, por tanto, vivimos en una democracia afuncional. Ni uno solo de los responsables de hacer esta conclusión inevitable está capacitado para ejercer otro cargo público que no sea el de barrendero en una democracia real y eso incluye a todos y cada uno de los miembros del gobierno y de la oposición en todas sus formas hasta el nivel de dirigente provincial.

15 de diciembre de 2.022: un país sin malversadores.

   Decía Aristóteles que el hipócrita conoce la verdad, pero la oculta. El problema de los políticos catalanes es que no son nada hipócritas porque hace mucho tiempo que perdieron la noción de que pudiera haber algo verdadero. Por tanto, el máximo logro que exhiben ante sus votantes es reconocer que desviaron fondos públicos para fines para los que no estaban destinados, entre ellos, las cuentas para el mantenimiento de Carles I de Catalunya con los fastos que merece de por vida, el sostenimiento de todo lo que necesita el osito Junqueras durante el mismo tiempo, además de las correspondientes cuentas en Suiza de todos ellos y, por supuesto, algo de calderilla para organizar el referéndum por la independència que, para quienes no sepan catalán, significa “independencia”. Derogar la sedición apenas si era una de las reclamaciones para lavar la ofensa española de impedir que los políticos catalanes hicieran lo que les viniera en gana. Acabar con la represión del Estado español exigía evitar que los corruptos catalanes paguen por sus corruptelas. Por tanto, el jueves 15 de diciembre se aprobó en el Parlamento una reforma de ley por la cual deja de considerarse delito de corrupción el desvío de fondos públicos para fines para los que no estaban destinados y exige para que pueda haber corrupción “ánimo de lucro”. Podemas había sacado adelante una ley que se basaba en qué sentían los implicados. El PSOE, para no quedarse atrás, va a poner en funcionamiento una ley que se basa en el “ánimo” de los políticos. Quienes no tengan el ánimo necesario para lucrarse, tampoco tendrán que pasar mucho tiempo entre rejas, cuatro años como máximo, “causalmente”, el tiempo transcurrido desde el procès (que, para quienes no sepan leer en catalán significa “proceso”) y siempre, eso sí, que su delito haya causado un "entorpecimiento grave del servicio". La reforma no contempla agravantes. Si, pongamos por caso, un cargo público dedica el dinero destinado a comprar insulina para los hospitales a financiar a la asociación local de su propio partido, deja de haber cualquier base legal para enjuiciarlo. Y lo mismo ocurre si las ayudas para los afectados por una riada se dedican a fletar autobuses con los que llevar a miembros del propio partido a asaltar el Parlamento. Hay muy mal pensados, mayormente gente muy muy facha, que ha afeado al gobierno hacer una ley para beneficiar a personas con nombres y apellidos, algo absolutamente anticonstitucional y malévolo. Los partidarios de Pedro “el hermoso” se han desgarrado las vestiduras preguntando cómo osan acusarles de favorecer a personas concretas. No, ellos han favorecido a este país, a este continente, al mundo entero, a quienes acumulan riquezas en paraísos fiscales con la excusa de la llibertat per a Catalunya (“libertad para Cataluña”, para quienes no sepan leer en catalán) y al común de los mortales, a los ciudadanos de a pie, como José Antonio Griñán y Manuel Chaves, a quienes enviados del gobierno les han transmitido un guiño de Pedro “el hermoso”. Aún más, si una persona es una institución, ¿puede achacársele “ánimo de lucro” por desviar bienes públicos a sus cuentas privadas? Los muy izquierdistas republicanos de Cataluña han sentado las bases para que regrese el buen rey emérito, ahora libre de pecados de acuerdo con el espíritu de esta reforma. Afortunadamente, nuestro gobierno, el espejo en el que se mira nuestra nación, no lo compone únicamente el PSOE. Ahí tenemos también a Podemas, faro de referencia de la izquierda de verdad, látigo infatigable de la “casta” y sus componendas, batuta de las impolutas voces del progresismo radical. Valientemente, se han negado a suscribir una ley que, previsiblemente, vaciará nuestras cárceles de políticos represaliados por sus ideas acerca de cuánto dinero debe haber en sus cuentas cuando abandonen los cargos públicos. Eso sí, han votado a favor de ella, que ser radical, ser de izquierdas y luchar contra ella no significa que no compartan las ideas de “la casta”. 

   Dice el abogado de Griñán, en su día él mismo diputado socialista, que Griñán y Chaves, en lugar de agradecer el gesto, han sentido su dignidad ofendida (sic!) porque se los metiera en el mismo saco que los independentistas. De hecho, mezclar esta reforma de la ley con la reforma de la sedición ha levantado todas las ampollas que estaban sin cicatrizar en el PSOE contra Pedro “el hermoso”, generando una marejada de fondo de la que declaraciones de los cargos medios, de antiguos barones del partido y de supuestas “organizaciones ciudadanas”, apenas si son un pálido reflejo. Quienes conocen a los votantes del PSOE afirman que las bases están que trinan. Pero nada de eso es comparable con la estupefacción de las autoridades europeas. La reforma, como todas las leyes que venimos padeciendo en este fin de año por parte del gobierno de Pedro “el hermoso” no sólo se ha hecho deprisa y corriendo, no sólo se ha hecho consultando únicamente a los cuatro desaprensivos encerrados en un despacho, además se ha hecho en un momento en el que desde Bruselas se había animado a España a no “desfallecer” en su lucha contra la corrupción y justo en plena onda expansiva del Qatargate, que va a llevar a un endurecimiento de los controles en la Unión Europea y a colocar a España, una vez más, otra vez, como siempre, en ese lugar de Europa en el que la espalda pierde su virtuoso nombre.

15 de diciembre de 2.022: un país sin sediciosos

   La jornada del 15 de enero de 2.022 pasará a la historia de nuestro país como el principio del fin de algo que se inició en noviembre de 1.975. Nada ocurre por saltos, no hay jornadas decisivas ni hay más acontecimientos que los que algún poder deseoso de que no preguntemos el porqué, plante ante nuestras narices. Sin embargo, el pasado jueves todo lo que iba camino del desastre en este país se hizo patente y manifiesto para quien no esconda su cabeza bajo el ala. Ese día, el gobierno de Pedro “el hermoso”, llevó al Parlamento otra de sus leyes Frankenstein, en la que, sin pensar más que en su propio pellejo, proponía cualquier cosa para salir del atolladero. En este caso, se trataba de un paquete que incluía la reforma del delito de sedición, la reforma del delito de malversación y la reforma de los procedimientos para elegir magistrados del Tribunal Constitucional, todo junto y revuelto sin otro hilo común que el que se ha convertido en el elan vital de este espasmo legislativo de nuestro preclaro gobierno: el sí porque sí. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, que hace ya mucho tiempo que se comió su última ración de vergüenza confundiéndola con una angula, ha justificado este despropósito afirmando que permite "homogeneizar" la legislación española con la europea; "corregir tipos inexistentes" que pertenecen a otra época histórica y rebajar "penas desproporcionadas" que generan "disfunciones en la cooperación entre los estados". Con estas leyes en vigor, añadió el bueno de Patxi, Carles I de Catalunya no hubiese ganado ningún recurso para evitar su extradición a España… porque nunca se habría ido de ella. En efecto, la reforma del delito de sedición, simplemente, la hace desaparecer. En lugar de sedición habla de “desórdenes públicos agravados”, la pena máxima pasa de los 15 años de prisión a los cinco que prevé la nueva ley. En su redacción original, el artículo 544 del Código Penal hablaba de alzarse “pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público". La reforma, por contra, se refiere a quienes actúen “en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas, o invadiendo instalaciones o edificios". Dicho de otro modo, quienes promovieron el referéndum independentista en Cataluña ni siquiera quedan imputados por este artículo. Sin embargo, un grupo de manifestantes que irrumpan en una oficina bancaria, se pongan a bailar sevillanas y se lleven de ella una grapadora, sí acabarán en prisión en la parte superior de la horquilla de penas previstas. La ley española ya nunca más molestará a los políticos que lancen a las masas contra las instituciones democráticas, eso sí, si los ciudadanos se organizan de modo espontáneo para protestar, que se vayan preparando. O, si quieren, se lo pongo más claro, un Donald Trump que explícitamente llamase al asalto del Congreso, no encontraría obstáculo legal alguno para seguir presentándose a cuantas elecciones quisiera, por contra, una acampada en la Puerta del Sol como la protesta de los indignados en 2011, nunca más podrá tener lugar en nuestro país.

   Si hubiese que creerse algo de lo que dice Patxi López, la propuesta no estaba redactada 48 horas antes de su tramitación. Dicho de otro modo, el acuerdo entre PSOE y ERC se puso negro sobre blanco sin realizar ningún tipo de consulta a expertos jurídicos, órganos consultivos ni nada semejante, con lo que nadie ha previsto posibles consecuencias indeseables de esta ley, como nadie las previó de la reforma de la ley del “sí es sí”, reforma que ha permitido la sistemática rebaja de condenas de violadores, acosadores y demás incapacitados sexuales que se dedican a asaltar a las mujeres. El resultado no se ha hecho esperar. El 7 de noviembre de 2021, un avión que volaba de Casablanca a Estambul tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Palma. Uno de los pasajeros parecía haber sufrido un coma insulínico. Aprovechando la llegada del equipo médico para atenderlo, 24 pasajeros organizaron un tumulto y bajaron del aparato, invadieron las pistas y la mitad de ellos, consiguieron abandonar las dependencias del aeropuerto. El aeropuerto de Palma tuvo que cerrar sus instalaciones durante tres horas con el consiguiente caos aéreo. Las Fiscalía, alentada por unas autoridades que exigían practicar un escarmiento con los detenidos, los acusó de sedición y, consecuentemente, dado que se les podía imputar hasta 10 años de cárcel, obtuvieron la prisión preventiva de todos ellos hasta la llegada del juicio. Si efectivamente, el delito de sedición queda reformado en el sentido que pide el gobierno, los abogados defensores ya han mostrado su intención de pedir la libertad condicional de todos ellos, dado que la posible rebaja de la pena impuesta ya no exigiría mantenerlos en prisión a la espera de juicio. De este modo, podrán unirse a sus compatriotas escapados y, entre todos, colgar vídeos instructivos en Youtube, explicando cómo entrar en Europa a través de un país de chascarrillo llamado “España”.

La Primera República.

   Me gustan los deportes espectaculares, así que no tengo el más mínimo interés por el fútbol. No obstante, la derrota de España ante Marruecos y la posterior victoria de ésta ante Portugal me ha proporcionado un sin fin de risotadas por motivos múltiples. Uno de ellos es descubrir que a la altura del siglo XXI España sigue dividida en dos grandes mitades, la de aquellos que ignoran nuestra historia y la de aquellos que hacen todo cuanto está en sus manos por ignorar nuestra historia.

   Como he explicado varias veces aquí, constituye un error común (y catastrófico) considerar que el Islam es algo así como un monolito que se extiende sin variantes desde Alhucemas hasta Mindanao y, por lo mismo, considerar que el Islam hoy es igual que en los tiempos de la predicación de Mahoma. Cuando uno lee el resultado de aplicar estos simplismos a la historia de España el resultado es descacharrante. Ocho siglos de la historia de este país, ocho siglos, 800 años, más de los que han transcurrido desde el descubrimiento de América, los ocupa la historia de al-Ándalus. El primer hecho fundamental para entender al-Ándalus consiste en que Táriq Ibn Ziyad desembarcó en la península al mando de unos 9.000 hombres y que con ellos conquistó sin demasiados esfuerzos todo el territorio comprendido entre Gibraltar y la Meseta Central, dominando una población de unas 700.000, almas ,algo que de ninguna de las maneras puede conseguirse únicamente manu militari. Las posteriores oleadas norteafricanas tampoco alteraron la base demográfica de al-Ándalus y, de un modo muy parecido a lo que ocurrió con los visigodos, implicó en la llegada de unos miles de hombres armados que se convertían en la élite dirigente y que acababan diluyéndose en el sustrato existente. Un reciente estudio genético muestra que un 10% de los habitantes de este país todavía tiene genes norteafricanos algo que cuadra mucho más con lo que acabamos de describir que con muchas otras paparruchas que nos han contado.

   Como consecuencia de lo anterior, una tensión permanente recorrió la historia de al-Ándalus entre la población andalusí, descendiente directa de los pobladores originarios de la península, y las minorías llegadas del Sur, detentadoras del poder. Pero a ella había que añadir otra. La prosperidad de la dinastía omeya generó deslumbrantes ciudades, entre las que destacaba por encima de todas Córdoba. Sus habitantes se distinguieron muy pronto por su refinamiento,  sus intereses culturales y su preocupación por la justicia y la política. Sin embargo, buena parte de la población andalusí siguió residiendo en pueblos de base agrícola, a veces, en condiciones de pura subsistencia. Esto generó otra tensión, perpendicular a la anterior, entre los habitantes rurales y algo que a todas luces podríamos llamar burguesía. Con frecuencia estas tensiones desembocaron en conflictos, levantamientos y guerras civiles, más o menos encubiertas como guerras dinásticas. Problemas de esta índole provocaron a principios del siglo XI la desintegración del reino en una serie de taifas. En Córdoba las revueltas populares destituyeron a Abderramán V (1024), a Yahya al-Muhtal (1027) y a Hisham III (1031). Hartos de tribus venidas del Norte de África a modo de ejércitos pagados con impuestos abusivos, Córdoba fue la última en declararse reino independiente, pero la primera en toda Europa en declararse una república. En contra de lo que cuentan nuestros libros de historia, ni la Primera República española nació en el siglo XIX, ni la primera república islámica en el siglo XX.

   En 1031 un consejo de notables decidió entregar el poder a Abú'l Hazm Yahwar bin Muhammad de la familia de los Banu Yahwar que venía ocupando cargos públicos desde antes del colapso del califato. Yahwar bin Muhammad, sin embargo, renunció a proclamarse califa. Exigió compartir su poder con otros dos miembros de su familia y se consideró a sí mismo un delegado de la confianza popular, no la persona encargada de mandar o de prohibir. Todas sus decisiones se hicieron siempre en presencia de una asamblea de notables, en la cual todos podían hablar y dar su parecer. Aunque muchos consideran que en realidad, el poder permaneció en manos del clan de los Yahwar, no constan represalias contra los contrarios a sus decisiones ni mandatos impuestos por las buenas a dicha asamblea. De hecho, incluso quienes testimonian de su avaricia y de haber triplicado sus riquezas durante su gobierno, le reconocen a Yahwar bin Muhammad sensatez política, buen hacer y preocupación por las aflicciones de los ciudadanos de a pie. Por supuesto, como todos los que ocuparon un cargo antes que él y después que él, prohibió la venta de alcohol, pero también disolvió la milicia bereber que atemorizaba a la población, creó algo parecido a un ejército popular, hizo los impuestos soportables para todos, llevó una contabilidad minuciosa de cómo y para qué se gastaba cada moneda del erario público, colocó guardias en los palacios califales aunque no los habitó nunca, acudió, como uno más, a las ceremonias, a los ritos populares de Córdoba y a visitar los enfermos, regularizó la práctica médica, convirtió la ciudad en tierra de acogida para todos los exiliados del resto de reinos taifas y medió entre ellos para que vivieran en paz y armonía. Aunque es verdad que su mandato no se extendió mucho más allá de los muros de la ciudad, le devolvió el esplendor de los primeros años del califato omeya. Básicamente no hay críticas a su gobierno ni siquiera entre los historiadores que más aceradamente le lanzan puyas y todos le reconocen haber encabezado una época de prosperidad. Sin embargo, él nunca se consideró elegido para nada y reclamó para sí meramente el papel de guardián del califato hasta que llegase alguien que mereciera “el reconocimiento de todos”. Hasta tal punto obró regido por esta idea que dejó en manos del consejo de notables elegirle sucesor. Cuando murió, el consejo eligió a su hijo Abú'l Walid Muhammad quien durante 21 años más mantuvo la prosperidad, la tolerancia y el afán por cuidar el bienestar de los ciudadanos. Pero Abú'l Walid Muhammad tenía dos hijos, en los cuales acabó delegando el poder. Entre ellos surgió una rivalidad que les llevó a enfrentarse fratricidamente hasta que en 1070 la taifa de Sevilla se anexionó Córdoba. 

   La que verdaderamente merece el nombre de I República española, pues, no sólo presagió la que aparece en los libros deseosos de olvidar nuestra historia como I (1873-4), sino que también anticipó lo que habría de ocurrir con la que se denomina “Segunda República” (1931-9). Y todo eso sucedió aquí, en este país empeñado en sepultar bajo toneladas de olvido cualquier cosa que le recuerde que otra España es posible porque la historia muestra que ya existieron otras Españas posibles.