De todos los procesos descolonizadores que Europa protagonizó en África durante el siglo XX, España participó en dos de los más vergonzosos, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que sólo llevamos a cabo esos dos. El primero, el de Guinea Ecuatorial, fue realmente brillante: les concedimos la independencia de modo negociado para, cuatro meses después, dejar al recién nacido Estado sin dinero e intentar volver a hacernos con el poder manu militari. Contribuimos, de ese modo, a hacer de Guinea lo que ha venido siendo desde entonces, una turbia dictadura, últimamente más turbia que de costumbre por los yacimientos de petróleo que se han hallado en el país.
El segundo fue aún mejor. Desde el siglo XV, España había estado interesada en establecer cabezas de puente en el continente que sirvieran para cubrir las espaldas del archipiélago canario. Estas intenciones se materializaron durante el siglo XIX con la reclamación en 1885 del Sahara Occidental como territorio español. Cuando Franco decide lavarle un poco la cara al régimen entrando en la ONU y haciendo como si en España hubiese algo de modernidad y buenas formas, rápidamente se topó con el interés de este organismo por el tema de la descolonización. El régimen respondió con la doblez que es habitual en las dictaduras(*). Por una parte, el ministerio de Asuntos Exteriores se esforzó por mostrarle a la ONU un Sahara Occidental que llegó a ser, sobre el papel, ¡un territorio autónomo! Por otra, Carrero Blanco y sus secuaces dejaban claro sobre el terreno que no tenían la menor intención de cambiar nada. Hasta tal punto llegó la cosa que en el verano de 1972 el gobierno de la dictadura aprobó un decreto por el que se aplicaba la ley de secretos oficiales a todos los asuntos del Sahara, con lo que Asuntos Exteriores se quedó sin información del propio gobierno del que formaba parte acerca de lo que allí estaba ocurriendo. Y lo que estaba ocurriendo era muy fácil, desde finales de los sesenta se estaba reprimiendo salvajemente cualquier cosa que pudiera entenderse como un atisbo de oposición a los intereses españoles. Naturalmente, tal modo de proceder sólo podía tener un resultado posible, la creación del Frente Polisario y el inicio de la lucha armada contra la colonización. A partir de este momento, las cartas estaban echadas.
La intención del Frente Polisario era la proclamación de una república saharaui independiente. Por tanto, no podía buscar apoyos ni en Marruecos ni en Mauritania, dos países con reclamaciones territoriales sobre el Sahara Occidental. El único apoyo que les quedaba esperar era el de Argelia. Pero Argelia era un joven país de tendencias socialistas, un auténtico experimento basado en las nacionalizaciones y la autogestión de las pequeñas y medianas empresas que pocos podían entender por aquel entonces como algo diferente del comunismo. Dicho de otro modo, el Frente Polisario se presentó a la luz pública como el primer ejemplo de la nefasta influencia que Argelia podía ejercer sobre el norte de África a poco que se la dejase.
Comprendiendo bien la situación, el gobierno de Marruecos inició una ofensiva diplomática cuyo rápido éxito es difícil de entender si se lo desliga del hecho de que este país ha sido siempre el mejor aliado de EEUU en la zona. La situación para Madrid comenzó a hacerse muy complicada. La presión internacional por un lado y de la propia población saharaui por el otro, hacía inviable el proyecto de permanencia indefinida en el territorio sobre el que, en realidad, se había estado trabajando en todo momento. Cedérselo a Marruecos era sentido hasta tal punto como una traición que desde dentro del gobierno español comenzaron a surgir voces proponiendo que se le entregase a las autoridades argelinas, valedoras del Frente Polisario y, por tanto, teórico enemigo de España en este asunto. De hecho, esta propuesta no llegó a prosperar por el posible disgusto que hubiese podido ocasionar en Washington.
En octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminaba que existían ciertos antecedentes de vasallaje del territorio en disputa hacia Marruecos. Aunque la sentencia del tribunal mencionaba que tal vasallaje no podía ser entendido en ningún caso como una soberanía territorial perdida, el gobierno marroquí se sintió legitimado para defender sus intereses con mayor vehemencia. En noviembre de ese año, Franco ha desaparecido de la escena pública, los rumores sobre su salud parecen tener en esta ocasión más fundamento que nunca y el gobierno de Hasan II decide que ha llegado su oportunidad. El 6 de noviembre la marcha verde traspasa la frontera marroquí y se adentra en territorio del Sahara Occidental. Oficialmente son 350.000 ciudadanos desarmados, malas lenguas afirman que muchos de ellos son militares y policías sin uniforme. No están solos. 25.000 soldados, estos sí, armados, los apoyan con una invasión en toda regla. El gobierno español ordena sembrar minas y que el ejército se atrinchere tras ellas. La ONU, alarmada ante lo que está ocurriendo, recuerda al gobierno español que ha contraído compromisos para la autodeterminación del territorio y aún hoy sigue reconociendo como única legítima la administración española. Pero el gobierno español se enfrentaba al significativo reto de ser un gobierno franquista sin Franco. Debió parecerles más que suficiente. El 14 de noviembre de 1975 se firman los acuerdos de Madrid por los que se le traspasaban todos los poderes que España ejercía sobre el Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania. A Rabat le faltó tiempo para inundar el Sahara con colonos a los que se ofrecían todo tipo de facilidades y ayudas, mientras trataba a los saharauis como ciudadanos de segunda en su propio país. Esta política ha supuesto para Marruecos una sangría de dinero que se podría haber aprovechado para otras cosas, pero, claro, entonces quienes han conseguido licencias reales para explotar la pesca y, particularmente, el yacimiento de fosfato de Bucraa, no se hubiesen visto lucrados como lo han hecho. A este reparto de las riquezas del Sahara no han sido ajenos quienes ya podrán imaginarse. Los acuerdos de Madrid, entre otras cosas, incluían cláusulas comerciales secretas que hacían al antiguo INI copropietario de Fos Bucraa S. A. Si bien su participación en la empresa fue bajando hasta extinguirse, son empresas españolas las que transportan hoy día los fosfatos desde El Aaiún hasta Huelva. De allí los productos son distribuidos entre la diferentes factorías que la empresa norteamericana FMC Foret posee en España.
Noviembre de 1975 es la fecha en que los saharauis descubrieron que, quizás, el colonialismo español no era tan malo como parecía, que se habían convertido en uno de esos pueblos orillados por la historia, que cualquier forma de justicia les pasó de largo. Relatar todos los informes que diferentes organismos internacionales han hecho sobre las violaciones de derechos humanos en el Sahara ahora administrado por Marruecos sería interminable. 160.000 saharauis viven en campos de refugiados en torno a Tinduf (Argelia). Las lluvias de este otoño han destruido sus casas. Diferentes organizaciones de apoyo españolas van a enviarles dinero, comida y ropas. Recibirán también el amparo de la ONU y del gobierno argelino. Podrán reconstruir sus casas muy pronto... aunque no allí donde debieron haber estado siempre.
(*) Cfr.: Martínez Milán, J. M. "La descolonización del Sahara Occidental", en Espacio, Tiempo y Forma, S. V, Hª Contemporánea, t. IV, 1991, págs. 191-200.
(*) Cfr.: Martínez Milán, J. M. "La descolonización del Sahara Occidental", en Espacio, Tiempo y Forma, S. V, Hª Contemporánea, t. IV, 1991, págs. 191-200.
