Una de las incongruencias más divertidas que pueblan nuestras incongruentes cabezas es que todos queremos mejores servicios públicos pagando menos impuestos. Nos quejamos de la policía, del ejército, de los profesores, de los médicos, de los hospitales, de los jueces, del cuidado de parques y jardines y hasta de los inspectores de Hacienda. Todos ellos trabajan poco, cumplen de mala manera sus funciones, no se comprometen con su trabajo, no rinden lo suficiente, llegan tarde y se van pronto. Los propios edificios oficiales están desvencijados, saturados, ofreciendo unas prestaciones penosas a sus usuarios. Las listas de espera son exageradas, los retrasos en la justicia desmedidos, la dilatación de los procedimientos burocráticos desproporcionada. Eso sí, todos queremos también pagar salarios ridículos a los profesionales, eludir los gastos de mantenimiento y reposición de materiales y, por encima de todo, que el dinero necesario para ello salga del bolsillo del vecino, no del nuestro. Protestamos por cada euro que se lleva Hacienda, pero no solemos recordar cuando llevamos horas esperando a que nos atiendan en la sala de urgencias de un hospital, que si Hacienda se hubiese llevado algún euro más, tal vez no estaríamos en esas circunstancias.
No me gustan los Estados, no me gustan sus estructuras, ni creo que las funciones que ejercen tengan otro objetivo que el control de la población, quizás porque conozco todo ello desde dentro. Sin embargo, es cierto que, a cambio de ese control exhaustivo, ofrece un cierto género de protección a algunos segmentos de la población que lo necesitan. Lo diré de otro modo, no creo que la desaparición de los Estados signifique por sí misma la desaparición de todos los males de la humanidad y ni siquiera de la mayoría. En cambio sí creo que si el mercado dejara de ser libre todos lo seríamos un poco más (por eso tengo ciertas simpatías por los anarquistas, por su candorosa inocencia). Así que, siendo un mal, necesitamos, de momento, de los Estados para que no haya males mayores. El problema es que, a su vez, los Estados, para funcionar, necesitan dinero. En lugar de controlar los mercados, los Estados quedan pues supeditados a ellos, como lo ha demostrado la reciente crisis. Por tanto, a cambio del control que sigue ejerciendo sobre los ciudadanos, la protección que les puede brindar es cada vez menor. La única conclusión posible de semejante proceso está puesta negro sobre blanco en el reciente informe del comité de expertos sobre la reforma fiscal en España.
Es un viejo truco político que, cuando se pretende acometer algún tipo de salvajada se le encarga a un comité de “expertos” un informe sobre el tema en cuestión. Como los “expertos” son elegidos por el gobierno, se los selecciona de entre aquellos que predican las formas más radicales de la salvajada en ciernes. De este modo, el gobierno en cuestión “desoye” a los expertos y propone una versión mucho más “moderada” de la reforma que no es otra que la salvajada que desde un principio se había tramado. Todo el mundo sabe que el PP ambicionaba desde hacía tiempo una reforma que disminuyera el número de tramos en el IRPF, con una bajada de impuestos para los más ricos, una subida para los menos ricos y un IVA sanguinario para todos por igual. Que los “expertos” hayan propuesto una versión exagerada de estas medidas nos acerca un paso más a los objetivos del partido en el gobierno. Para entender su alcance citaré a nuestro queridíssimo y amadíssimo Sr. ex-presidente del gobierno el zapatitos, quien, en una ocasión, preguntó: “¿por qué no va a ser progresista reclamar un tipo impositivo único?” Dicho de otra manera, un tipo impositivo único puede ser progresista, nunca algo de izquierdas. Supongamos que sólo existiera un tramo impositivo, es decir, que todos los ciudadanos que hacen la declaración de la renta pagaran, digamos, el 10% de sus ingresos a Hacienda. ¿Sería una distribución equitativa? La respuesta es muy simple, si echamos un 10% menos de arroz en un plato, el comensal, probablemente, se quedará con hambre. Sin embargo, si a una langosta le quitamos el 10%, como mucho, la serviremos con una pata menos (vamos, digo yo, porque las únicas langostas que he visto en mi vida son de las que se comen las cosechas).
Bajar los tramos y el tipo de los impuestos que se recaudan vía IRPF y subir el IVA tiene un resultado muy simple. El IVA lo pagamos todos, los tramos altos del IRPF quienes tienen más. Todos acabaríamos abonándole a Hacienda lo que ahora sólo abonan los que tienen más. Como, además, el gobierno modifica el IVA de los productos a su antojo, comprar un libro podría llegar a tener un tipo del 22 ó 23%, mientras que el IVA de un yate seguirá siendo del 18%. Esto, indudablemente, gravaría el consumo, precisamente, el que habría de ser el motor de la recuperación económica. De modo que, al final, después de conseguir que los ricos paguen menos y el resto de la población bastante más, Hacienda seguiría sin recaudar lo que necesita debido a la depresión del consumo que se va a originar. En resumen, con las propuestas de la Comisión Lagares y, en especial, con la lectura que de las mismas va a hacer el gobierno, olvídense de esperar menos en las urgencias de un hospital cuando necesiten atención médica.
