La jornada del 15 de enero de 2.022 pasará a la historia de nuestro país como el principio del fin de algo que se inició en noviembre de 1.975. Nada ocurre por saltos, no hay jornadas decisivas ni hay más acontecimientos que los que algún poder deseoso de que no preguntemos el porqué, plante ante nuestras narices. Sin embargo, el pasado jueves todo lo que iba camino del desastre en este país se hizo patente y manifiesto para quien no esconda su cabeza bajo el ala. Ese día, el gobierno de Pedro “el hermoso”, llevó al Parlamento otra de sus leyes Frankenstein, en la que, sin pensar más que en su propio pellejo, proponía cualquier cosa para salir del atolladero. En este caso, se trataba de un paquete que incluía la reforma del delito de sedición, la reforma del delito de malversación y la reforma de los procedimientos para elegir magistrados del Tribunal Constitucional, todo junto y revuelto sin otro hilo común que el que se ha convertido en el elan vital de este espasmo legislativo de nuestro preclaro gobierno: el sí porque sí. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, que hace ya mucho tiempo que se comió su última ración de vergüenza confundiéndola con una angula, ha justificado este despropósito afirmando que permite "homogeneizar" la legislación española con la europea; "corregir tipos inexistentes" que pertenecen a otra época histórica y rebajar "penas desproporcionadas" que generan "disfunciones en la cooperación entre los estados". Con estas leyes en vigor, añadió el bueno de Patxi, Carles I de Catalunya no hubiese ganado ningún recurso para evitar su extradición a España… porque nunca se habría ido de ella. En efecto, la reforma del delito de sedición, simplemente, la hace desaparecer. En lugar de sedición habla de “desórdenes públicos agravados”, la pena máxima pasa de los 15 años de prisión a los cinco que prevé la nueva ley. En su redacción original, el artículo 544 del Código Penal hablaba de alzarse “pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público". La reforma, por contra, se refiere a quienes actúen “en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas, o invadiendo instalaciones o edificios". Dicho de otro modo, quienes promovieron el referéndum independentista en Cataluña ni siquiera quedan imputados por este artículo. Sin embargo, un grupo de manifestantes que irrumpan en una oficina bancaria, se pongan a bailar sevillanas y se lleven de ella una grapadora, sí acabarán en prisión en la parte superior de la horquilla de penas previstas. La ley española ya nunca más molestará a los políticos que lancen a las masas contra las instituciones democráticas, eso sí, si los ciudadanos se organizan de modo espontáneo para protestar, que se vayan preparando. O, si quieren, se lo pongo más claro, un Donald Trump que explícitamente llamase al asalto del Congreso, no encontraría obstáculo legal alguno para seguir presentándose a cuantas elecciones quisiera, por contra, una acampada en la Puerta del Sol como la protesta de los indignados en 2011, nunca más podrá tener lugar en nuestro país.
Si hubiese que creerse algo de lo que dice Patxi López, la propuesta no estaba redactada 48 horas antes de su tramitación. Dicho de otro modo, el acuerdo entre PSOE y ERC se puso negro sobre blanco sin realizar ningún tipo de consulta a expertos jurídicos, órganos consultivos ni nada semejante, con lo que nadie ha previsto posibles consecuencias indeseables de esta ley, como nadie las previó de la reforma de la ley del “sí es sí”, reforma que ha permitido la sistemática rebaja de condenas de violadores, acosadores y demás incapacitados sexuales que se dedican a asaltar a las mujeres. El resultado no se ha hecho esperar. El 7 de noviembre de 2021, un avión que volaba de Casablanca a Estambul tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Palma. Uno de los pasajeros parecía haber sufrido un coma insulínico. Aprovechando la llegada del equipo médico para atenderlo, 24 pasajeros organizaron un tumulto y bajaron del aparato, invadieron las pistas y la mitad de ellos, consiguieron abandonar las dependencias del aeropuerto. El aeropuerto de Palma tuvo que cerrar sus instalaciones durante tres horas con el consiguiente caos aéreo. Las Fiscalía, alentada por unas autoridades que exigían practicar un escarmiento con los detenidos, los acusó de sedición y, consecuentemente, dado que se les podía imputar hasta 10 años de cárcel, obtuvieron la prisión preventiva de todos ellos hasta la llegada del juicio. Si efectivamente, el delito de sedición queda reformado en el sentido que pide el gobierno, los abogados defensores ya han mostrado su intención de pedir la libertad condicional de todos ellos, dado que la posible rebaja de la pena impuesta ya no exigiría mantenerlos en prisión a la espera de juicio. De este modo, podrán unirse a sus compatriotas escapados y, entre todos, colgar vídeos instructivos en Youtube, explicando cómo entrar en Europa a través de un país de chascarrillo llamado “España”.
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