El titular de El País decía que en torno a 200 políticos españoles están implicados en causas judiciales sin dejar de estar protegidos por su condición de aforados o por sus correspondientes partidos. Los hay de izquierda, de derecha, de centro, de nada, de Cataluña, de Andalucía, de Valencia, de Baleares, procedentes de los ayuntamientos, de las diputaciones, de los parlamentos, altos cargos de la administración... Quien más y quien menos sospecha que son sólo la punta del iceberg, los más torpes cubriéndose las espaldas o los más descarados en sus tejemanejes, pero que hay muchos otros que han hecho y siguen haciendo cosas aún peores. Basta leer entre las líneas de los periódicos, charlar con personas medianamente conocedoras de algunos temas, para acabar siendo apresado por tal impresión. A poco que se escarbe, uno acaba preguntándose si hay algo pagado con dinero público en este país, desde los parques infantiles a las grandes obras de infraestructura, pasando por los contratos de suministros para hospitales, que no haya originado la correspondiente comisión.
Supongamos que alguien, alguien con un trasfondo intelectual de cierto nivel, llegado hace poco a la arena política, reclamase “salvar al Estado, no a los políticos”, exigiendo, por ejemplo, pasar un control de integridad a cualquier político que pretendiese presentarse a unas elecciones. Control que, entre otras cosas, implicase averiguar cuánto paga de impuestos. Se trataría de refundar el Estado sobre bases éticas, de permitir que los desfavorecidos participasen también en el poder, de un cambio radical en las bases del juego político. Supongamos que, para apoyar sus reivindicaciones, convocase una marcha sobre la capital, una marcha que aspirase a concentrar un millón de personas. Es fácil imaginar que desde el poder alguien le respondería que sus ideas son imposibles de llevar a la práctica, que lo que de verdad se esconde tras sus palabras es un intento de golpe de Estado, que es “ilógico” salvar al Estado sin salvar a los políticos porque, en el fondo, la clase política es el Estado.
Vamos a realizar un experimento mental. Tómese unos segundos y piense de parte de quién estaría.
¿Ya lo ha decidido? Bien, ahora vamos a añadir un poco de información más y veamos si eso altera su decisión. En realidad, quien ha convocado esa marcha no es ninguna persona ni colectivo español, lo ha hecho Muhammad Tahir ul Qadri en Pakistan. La marcha, partiendo de Lahore debe llegar el día 14 a la capital, Islamabad. El Dr. Tahir ul Qadri es el líder de la organización Minhaj ul Quran International. Por su parte, el gobierno pakistaní es un fiel aliado de Estados Unidos y de occidente en general, en su lucha contra los talibanes a uno y otro lado de su frontera con Afganistán. ¿Sigue estando de parte de los mismos en este desafío? Y si ha cambiado de opinión, ¿por qué lo ha hecho?
Continuemos. Minhaj ul Quran International es una ONG, con cierto reconocimiento por parte de la ONU, cuyo objetivo es la ayuda a los paquistaníes, en particular, y los musulmanes en general, repartidos por el mundo, la defensa de una visión sufí y moderada del Islam y el diálogo intercultural. Implantada en multitud de países, entre otras cosas, ha promovido fiestas en institutos catalanes para celebrar el fin del Ramadán y es muy activa, por ejemplo, en el barrio del Raval de Barcelona. El Dr. Tahir ul Qadri, en su faceta de estudioso del Corán, publicó una fatwa en 2010 que constituye un poderoso alegato contra el terrorismo. Entre otras cosas, recordaba que el Corán también es un manual de reglas de compromiso, es decir, indica cómo y cuándo deben actuar las tropas en combate. Básicamente, decía Tahir ul Qadri, los únicos objetivos legítimos según el Corán son las tropas combatientes enemigas, ni las mujeres, ni los niños, ni los ancianos, ni, de modo generalizado, quienes financian indirectamente los ejércitos. Las 600 páginas de su fatwa no dejan muchos resquicios a quienes deseen encontrar apoyo en los textos sagrados para justificar sus bombazos.
Dicen las estadísticas que hasta un 70% de la clase política paquistaní no paga nunca sus impuestos. El propio presidente, Asif Ali Zardari, era conocido en su época de presidente-consorte (de Benazir Bhutto), como “Mr. 5%”. Si bien el gobierno apoya a los Estados Unidos, realmente quien hace y deshace en el país es el todopoderoso ISI (Inter-Service Intelligence, la inteligencia militar -sí, ya sé el chiste de que son términos incompatibles), que pone y quita gobernantes (caso, por ejemplo, del golpista Pervez Musharraf), organiza atentados contra India en cuanto las diplomacias de uno y otro país acuerdan el menor paso para la reconciliación y da cobertura a Al-Qaeda y a los talibanes como brazos ejecutores de muchas de sus políticas. “Casualmente” el desafío de Tahir ul Qadri ha sido seguido, casi de inmediato, por una oleada de atentados contra la minoría chií, azuzando un conflicto interreligioso justo a las puertas de la primera transmisión del poder de un gobierno civil a otro.
¿De parte de quién está ahora? ¿Acaso ha vuelto a cambiar sus preferencias? ¿por qué?
Quedan todavía dos datos. El primero es la ingente cantidad de dinero que parece manejar Minhaj ul Quran International. A su implantación en medio mundo hay que añadir que ha comprado, prácticamente, cada cuña publicitaria de las diferentes televisiones paquistaníes y no existe una esquina de las grandes ciudades que no esté empapelada con carteles de dicho movimiento. Hasta la página en la versión española de la wikipedia dedicada al movimiento, ha sido cuidadosamente redactada por alguien cuya lengua materna, obviamente, no es la de Cervantes. Si nada se mueve en Pakistán que no sea supervisado por el ISI, y éste es el segundo dato, es poco imaginable que alguien como Tahir ul Qadri lo haya hecho y sólo su supervivencia física nos dirá hasta qué punto es tolerado o no por aquél. Pese a ello, si sus preferencias han vuelto a cambiar, le recordaré que las revoluciones populares existen, pueblan la historia y sólo el paso del tiempo permite disipar las dudas acerca de su naturaleza.
