Cuando el año 2.012 comience, habrá quedado en claro la cuestión que va a decidirse en los próximos meses. Esta cuestión es bien simple, a saber, si las revoluciones mediterráneas supondrán un hito histórico o bien se quedarán como un fugaz rayo de esperanza. Los contendientes saben de la seriedad de lo que se avecina y están tomando posiciones. No hace falta más que mirar las diferentes trincheras. En Túnez y Egipto, las fuentes de esta revolución, los detentadores del poder han optado por imponer un ritmo lento de reformas para conseguir que, de tanto esperar, al final la ciudadanía se olvide de qué estaba pidiendo y se acabe acostumbrando a otro dictadorzuelo "provisional". En Libia, ha comenzado la cuenta atrás para la fotografía que nos muestre al sátrapa colgado cabeza abajo, como aquella gloriosa instantánea de Mussolini. En Siria falta muy poco para que se "libianicen". En España quedan seis semanas para las elecciones. Hay que recordar que unas elecciones son la gran fiesta de la democracia. Es responsabilidad de todos nosotros que sea eso, una fiesta, una gigantesca fiesta y una gigantesca fiesta de la democracia, de la democracia real. Y, lo más sorprendente, el Mediterráneo ha resultado tener una orilla en New York. El movimiento "Ocupa Wall Street", se ha propuesto, algo tan extraño en los Estados Unidos como expropiar a los expropiadores, rescatar nuestro futuro de las manos de aquellos que ya se quedaron con nuestro pasado.
Qué se espera de nosotros, los ciudadanos, está claro y qué debemos hacer también. Túnez, Egipto y España necesitan de una acción decidida por nuestra parte. Como ya he dicho, la democracia se convierte periódicamente en una gran fiesta. Hemos de festejar nuestras democracias por venir en cada calle, en cada plaza, en cada mitin, en cada rueda de prensa, en cada acto en que alguien que no sean los ciudadanos quiera robarnos el protagonismo de una fiesta que nunca debió de dejar de ser nuestra, de todos. No obstante, no hay que ser ingenuos. No va a ser fácil. El ejemplo de Gadafi, de Al Assad cunde. Hasta 700 detenidos hubo en New York por ocupar un puente y su alcalde ya ha amenazado con hacer valer los derechos de la mayoría silenciosa, es decir, con sofocar cualquier intento de no ser obediente. En Bruselas la policía ni siquiera permitió la concentración de los peligrosísimos manifestantes. En España las señales también son nítidas. El pasado viernes, una valerosa unidad de élite de ese cuerpo de seguridad que tienen en Cataluña, apellidado "escuadra"(1), detuvieron a un puñado de perroflautas que tomaban una copa en la cafetería de la Ciudad de la Justicia a la espera de entregarse al juez en cuanto éste se lo permitiera. Dicen que los miembros de la "escuadra" de asalto, haciendo gala de la habitual contención policial, no emplearon sus armas reglamentarias para repeler un durísimo roce de las rastras de uno de los detenidos. El juez de guardia intentó ponerse en contacto con el juez competente y éste, actuando conforme a la ley (del Talión), se negó a aceptar su entrega si no era esposados y previo paso por los calabozos. No era menos lo que merecían, ciertamente, estos facinerosos que hasta se atrevieron a arrojar pintura a uno de los que hace tiempo que debería estar en el calabozo donde ellos durmieron por apropiarse de lo que es de todos en nombre de los necesarios recortes.
Andalucía no es como Cataluña. Aquí gozamos de un espléndido gobierno de izquierdas que ha tenido la gentileza de aprobar una ley de participación ciudadana, calcada de la estatal aprobada hace ya hace unos años. Una comisión del 15-M explicó a los miembros del Parlamento andaluz lo que ellos ya sabían, que con una ley de este género van a llegar a dicho Parlamento el mismo número de leyes por iniciativa ciudadana que los que han llegado al Parlamento nacional. ¿Cuántas leyes se han aprobado hasta ahora por iniciativa popular en este país? Pues, en números redondos, cero. Es normal, la cantidad de trámites es tan elevada, el procedimiento tan prolijo, las molestias que ocasiona a sus promotores de tal calibre, que sólo alguien con enormes recursos y fácil acceso a los medios de comunicación podría tramitar una cosa así. ¡Adivinen! Los únicos con medios para lograr que una ley sea aprobada por iniciativa popular son los ricos. Pero, insisto, esto es muy diferente al modo de gobernar en Cataluña. Es un gobierno de izquierdas. Un gobierno de izquierdas tiene siempre en la sensatez del gasto y su beneficio para la mayoría la guía de su actuación. Por ejemplo, para restaurar el Palacio de San Telmo, patrimonio de todos los andaluces y, por casualidad, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, se han gastado 53.000.000 de euros. Aunque la oposición asegura que la factura real asciende a 100 millones de euros y los rumores que circulan por Sevilla la elevan a 200 millones. Y si Ud. se está preguntando cuántos desahucios se podrían evitar con cincuenta y tres millones de euros, es que Ud. también es un maldito antisistema con rastras, más o menos como yo.
Lo anterior demuestra que, en las actuales circunstancias, las reivindicaciones de cualquier movimiento social que se precie no pueden ser estrictamente políticas. Poco a poco, las cartas van quedando al descubierto. La última rebaja del rating de la deuda española por parte de la agencia de calificación Fitch muestra cuál es la dinámica real. Siempre se nos ha contado que las agencias de calificación analizan los datos de determinadas entidades, emiten informes resultantes de esos análisis y los inversores actúan en consecuencia. Es mentira. El funcionamiento real de las agencias de calificación es otro. Son los grandes inversores internacionales los que analizan la situación de determinadas entidades para ver las posibles acciones que pueden conducir a pingües beneficios. Una vez establecidas éstas, piden a las agencias que suban o bajen la calificación para que el movimiento consiguiente de los inversores medianos y pequeños acabe por proporcionarles los beneficios ya calculados. A España se la ha bajado dos escalones en la escala de riesgo de Fitch sin ninguna justificación objetiva. Simplemente, la acción concertada de los bancos nacionales había tirado por tierra las apuestas ya hechas por los grandes inversores de un despeñamiento de las economías europeas. Había que poner en marcha una reacción brutal de los mercados que sobrepasara toda capacidad de actuación por parte de los bancos nacionales y la respuesta era, obviamente, una bajada de dos escalones. Ahora los beneficios de los grandes inversores quedan salvaguardados.
Si los movimientos ciudadanos quieren convertirse en actores reales de los acontecimientos que van a venir, es imprescindible un programa económico. En qué debe consistir éste resulta claro. A partir de este momento a España lo que le queda es ver cómo los tipos de interés solicitados para su deuda aumentan exponencialmente. Como consecuencia, aumentará nuestra deuda soberana, lo cual provocará, en un círculo vicioso, el aumento de los intereses. Al final, el FMI se ofrecerá para "ayudarnos". El caso de Suramérica en los años 70, de los países africanos en diferentes etapas y de Grecia, Irlanda y Portugal recientemente, muestra que, lo que debemos evitar, no es la bancarrota sino, precisamente, es "ayuda" del FMI que, después de sacrificios bestiales sin fin acaba conduciendo.... a la bancarrota. Por tanto los ciudadanos debemos exigir una reestructuración inmediata de la deuda soberana y autonómica. Debemos reestructurar nuestra deuda ¡ya! haciendo una quita significativa y progresiva, mayor para los grandes inversores. Reestructurar nuestra deuda ahora significará ahorrarnos varios años de sacrificios absolutamente inútiles que, como demuestra el caso griego, al final sólo agravan el mal que pretendían curar. Naturalmente, esta reestructuración debería hacerse sin la "ayuda" del FMI ni de Europa, quiero decir, deberá hacerse mediante una salida del euro a partir del próximo 1 de enero de 2.012. De hecho, deberíamos invitar a todos los países de la zona euro a salirse del mismo, salvo aquellos países sin problemas fiscales. Es cierto que esto dejaría al euro circulando únicamente por Alemania y Finlandia, pero las circunstancias lo exigen. Quizás esta medida suponga que se dispare la inflación, pero hay que recordar que ese aumento de la inflación conduciría, en realidad, a la práctica cancelación de la deuda que quede tras la reestructuración.
En este punto se me puede acusar de inconsistente, pues en una entrada anterior manifesté mi adhesión a la idea de Europa y a su moneda única. No hay tal inconsistencia. Únicamente se trata de una diferencia entre táctica y estrategia. Los países con problema fiscales deben abandonar momentáneamente la zona euro. ¿Durante cuánto tiempo? ¿hasta que acaben sus problemas fiscales? Tal vez no sea necesario esperar tanto, bastará con volver a la zona euro cuando en ella no manden ni Herr Schäuble ni Frau Merkel. Aunque, claro, habría que ver cuánto tiempo sobrevivirían, políticamente hablando, si un solo país concretase su amenaza de abandonar el euro. Y entonces... entonces tomaremos Berlín.
(1) Por cierto que, como siempre, no todos los miembros del colectivo están cortados por el mismo patrón y, si no me creen, lean, lean
