La capital del Estado ha sido estos días escenario de hechos, aparentemente, paradójicos. El pasado 22 de marzo se desarrolló en ella la llamada “marcha por la dignidad”, una manifestación popular de dimensiones respetables contra los recortes, las políticas económicas que se vienen poniendo en práctica en general y los políticos en particular. En ella confluyeron cuatro columnas que habían avanzado hasta Madrid desde los puntos cardinales del país, cada una representando el rechazo a un paquete de medidas contra la crisis. La magnitud de la protesta era tal, que se urdió un descarado plan para evitar que se hablara durante mucho tiempo de su significado. El plan se inició con el mayor despliegue policial de la democracia para un evento de este tipo. Eso sí, a los policías no se los dotó del material necesario para la Tercera Guerra Mundial que, según parecía, se iba a desencadenar. De hecho se los coordinó poco y mal. Tampoco se impidió la llegada a la capital de grupos radicales, es más, se evitó toda medida posible contra ellos hasta que ya estuvieron adecuadamente desplegados en la retaguardia de la protesta. Finalmente, se adoptaron todas las decisiones necesarias para conseguir que alguna unidad antidisturbios quedara aislada en medio de ellos. Al fin se logró que un apabullante despliegue policial con una superioridad numérica desproporcionada respecto de los elementos violentos de la protesta, fuese incapaz de impedir destrozos de todo género y que hubiese tantos heridos entre los policías como entre los grupos radicales. El objetivo se había conseguido. Dos semanas después se sigue hablando de los violentos, de la actuación policial y de lo peligroso que es que los ciudadanos intenten hacer otra cosa que no sea agachar la cabeza y asentir. Si alguien tiene duda de que éste era el objetivo, ahí están las multas draconianas que se van a imponer a los convocantes de cada una de las marchas sobre Madrid. Casualmente, además, todo esto ha coincidido con el esperado varapalo que las instancias judiciales están propinando a la “ley Fernández”, que, de facto significaba prohibir cualquier forma de protesta ciudadana.
Unos días después moría Adolfo Suárez, primer presidente de nuestra actual democracia. La calle fue nuevamente ocupada por los ciudadanos. Muchos de los mayores de cierta edad que participaron en la anterior protesta, acudían a presentar sus respetos al difunto Suárez. Su féretro fue llevado por las calles de Madrid en medio de un sobrecogedor silencio. Como casi siempre, los ciudadanos estuvieron a la altura de los hechos. Cuando la ceremonia terminó, los políticos escucharon lo que ya están habituados a escuchar, gritos, insultos, recriminaciones de todo género. “A ver si aprendéis de él”, fue la más común.
El caso es que Suárez fue un político de pura cepa, ambicioso como ninguno y hábil como pocos. Sabía decir una cosa y su contraria o, mejor aún, no decir nada y que cada cual interpretara lo que esperaba oír. Famosa es aquella entrevista con altos mandos militares en la que éstos salieron convencidos de haber escuchado que el Partidos Comunista jamás sería legalizado en España. Dos meses después fue legalizado. Nunca se lo perdonaron. A Suárez le llovieron los intentos de golpe de Estado, las manifestaciones, las protestas callejeras, las huelgas, los atentados terroristas y los sobresaltos de todo tipo. Gobernó sin mayorías absolutas y sin que ningún grupo de comunicación le apoyase. Cada mañana se desayunaba portadas incendiarias en los periódicos de todo signo. Sus reformas iban demasiado lentas según unos y demasiado rápidas según otros. Hasta su dimisión, el único apoyo incondicional fue el del rey, en su propio partido trataron de hacerle la cama desde el primer día.
Con la perspectiva del tiempo, la mayoría ha ido reconociendo lo que recuerdo haber oído en casa por boca de mi padre en aquellos días, que su tarea era heroica y monumental, que sorteó todos los peligros que fueron surgiendo a su paso y, sobre todo, que gobernó no para satisfacer sus ambiciones personales, sino para la inmensa mayoría. Suárez, en efecto, tuvo en sus manos un cuerpo policial que, en esencia, era la policía de Franco. Tuvo en sus manos los elementos suficientes para haber gobernado a capricho. Y, sobre todo, tenía la capacidad, el encanto y los conocimientos suficientes para haberse aferrado a su poltrona indefinidamente. Prefirió siempre pactar, intentó siempre conseguir un acuerdo duradero en lugar de una rápida victoria que durase cuatro días, pensó constantemente en pasado mañana en lugar de obsesionarse con el ahora. Hoy está muy de moda resaltar las sombras de la Transición y afirmar que nuestra carta magna está anticuada. Se olvida todo lo que se hizo posible en un ambiente decididamente hostil, todo lo que aún cabe en nuestra Constitución si se pudieran recuperar políticos con agallas como los de entonces. Precisamente hoy hay que recordar que hombres como Suárez, que vivieron acosados por la calle, por las protestas, hicieron posible esta Constitución que protege el derecho de los ciudadanos a protestar contra sus políticos. Por eso, porque Suárez gobernó para permitir que la gente le criticara, es por lo que sus exequias han sido despedidas en medio de un impresionante respeto popular. Habrá que ver cómo despiden a estos cuando les toque el turno.
