Además de en educación, los recortes que se están aplicando a los servicios públicos afectan especialmente a la sanidad. Se ha aumentado el horario de los profesionales del sector, con la inevitable pérdida de calidad del servicio, y, de todos modos, se ha recortado personal, procediéndose, además, a la disminución de camas disponibles en determinadas fechas. La consecuencia ha sido una inevitable degradación de ese intangible que se llama “bienestar social”, pero, a veces, lo que ha producido es una serie de dramas personales muy tangibles. Por si fuera poco, estas medidas han ido acompañadas de un tijeretazo semejante al caudal de productos farmacéuticos pagados por el Estado. Ciertamente es una dimensión trágica para enfermos crónicos necesitados de ciertas medicinas que, a partir de ahora, tendrán que pagar de su bolsillo. No obstante, junto a este aspecto, indudablemente negativo, hay un aspecto positivo en esta medida, muy positivo. Pongamos un ejemplo. Víctima no de este tijeretazo sino de otro anterior que se produjo en época de bonanza económica, se cayeron de la bolsa de productos pagados por el Estado, todos los jarabes antitusígenos. Resulta difícil hacer una lista de cuántos hay en el Vademecum, cada uno con una diana específica. Existen antiespasmódicos, dilatadores bronquiales, algunos que se dirigen a los centros neuronales que originan la expectoración y, cómo no, mezclas de los anteriores. La pregunta obvia que se plantea es por qué se los sacó de la bolsa de los subvencionados. Yo, que he tomados litros de la mayoría de ellos, puedo dar una explicación fácil: ninguno sirve para nada. De entre toda la infinidad de antitusígenos que he probado, el único que ha producido real eficacia en mí ha sido la infusión de tomillo con miel. El resto no produce una mejoría sensible superior a la de un vaso de agua (literalmente). Independientemente de que mi experiencia personal tal vez no sea generalizable, el hecho de que los jarabes contra la tos hayan dejado de ser financiados por el erario público conduce a la inevitable pregunta de por qué lo fueron alguna vez.
Hace unos años, era fácil encontrar algún médico que, en cuanto los análisis de sangre mostraban un colesterol elevado, recomendaban el inicio de un tratamiento que, además de la consabida dieta, incluía algún tipo de medicamento. La industria alimenticia no tardó en montarse al carro y sacó todo tipo de productos que “ayudaban a controlar el colesterol”. No se trataba de un simple diagnóstico. Tener el colesterol alto, significaba entrar en la categoría de los enfermos crónicos, pues, por mucho que se siguiera el tratamiento y que se consiguiera reducir los índices de colesterol, no se podía abandonar la dieta ni la medicación sin que pendiera sobre nosotros la amenaza de recaer. Pues bien, la parte divertida de esta “enfermedad crónica” es que no se trata de ninguna enfermedad crónica, de hecho, no es ninguna enfermedad. Un colesterol elevado es, únicamente, un índice de riesgo, un índice de riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. A partir de aquí las cosas se vuelven cada vez más divertidas. En primer lugar, ¿de qué riesgo estamos hablando? Un análisis riguroso de los ensayos clínicos al respecto muestra que ningún tratamiento logra disminuir el riesgo de infarto en mujeres que no han sufrido previamente uno por muy elevado que sea su colesterol. Para mujeres con un infarto el riesgo bajaba del 18 al 14% en cinco años. Entre los hombres, el riesgo bajaba del 15 al 13% si ya habían sufrido un infarto y es difícil decir si había algún beneficio para hombres que no hubiesen sufrido infarto alguno. Dicho de otro modo, para más del 95% de la población tener el colesterol alto no implica ningún género de riesgo real y, sin embargo, se los condena a un tratamiento de por vida. Tratamiento, eso sí, que, con toda probabilidad, les llevará a contraer nuevas enfermedades que no hubiesen aparecido de no seguirlo. Incluso se puede escarbar un poco más en la misma dirección. ¿Cuál es la frontera que marca lo que es un “colesterol alto”? Esencialmente, esa frontera no se traza por criterios objetivos, sino por criterios de beneficios, de beneficios de la industria farmacéutica. La diferencia entre poner ese límite en 220 ó en 240, es un 2% de un mercado potencial de cientos de millones de personas o, si lo quieren en plata, la diferencia entre poner el límite en 220 ó en 240 es que la industria farmacéutica gane o no unos centenares de millones de euros más o menos al año.
Con las cosas como están, si los análisis de sangre revelan un colesterol alto, los médicos son mucho más proclives a pedir otro régimen de vida al paciente, a darle una lista de alimentos prohibidos y recomendados y nada más. Los medicamentos contra el colesterol que tanto bien hacían, teóricamente, a la humanidad, han sido, igualmente, víctimas del tijeretazo que se ha efectuado en la sanidad pública y, nuevamente, cabe preguntar por qué se los ha sacado de la bolsa de medicamentos subvencionados y por qué, en su día, fueron incluidos dentro de ella.
El resumen de estas dos historias es una famosa huelga de médicos que sufrió Israel allá por los años 70. Los hospitales se cerraron y durante más de quince días no hubo asistencia primaria ni pública ni privada, simplemente, no había médicos que atendieran a los pacientes. Las estadísticas muestran que en aquellos quince días, prácticamente, no hubo defunciones. En medicina, como en muchas cosas de la vida, se revela como una hermosa verdad el principio rector del minimalismo enunciado por Mies van der Rohe: menos es más.
