En el mismo paquete legislativo que suprimía los delitos de sedición y de malversación, el gobierno presentó una reforma del Consejo General del Poder Judicial que sólo exigía para la elección de sus representantes en el Tribunal Constitucional una mayoría simple y no los dos tercios antes establecidos. Esta reforma laminaba la necesidad de acuerdos entre partidos para la elección de candidatos al órgano encargado de mantener dentro de los límites constitucionales, entre otras cosas, las leyes aprobadas por el Parlamento. Gracias a ella, si un día corremos la misma desgracia que Italia y acabamos con una mayoría parlamentaria neofascista o directamente fascista, sólo tendrá que aguardar a la oportuna renovación del Tribunal Constitucional para que éste deje de oponer resistencia alguna a sus deseos. Sólo una pandilla de irresponsables podía, primero, idear semejante reforma y, segundo, amalgamarla con un paquete de medidas que muestran bien a las claras la inexistencia de vergüenza entre nuestra clase política. Pero si los partidos que forman parte del gobierno demostraron con esta actuación carecer de los requisitos mínimos para dirigir ni siquiera una república bananera, la oposición no se quedó atrás. Aunque el pleno estaba convocado casi con una semana de antelación, el PP sólo presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional un día antes de su celebración y nada menos que pidiendo la suspensión cautelar del mismo. A partir de ese momento todo lo que pudiera venir después sólo podía revestir el carácter de tragicomedia. A la petición del PP se sumó Vox, con un escrito que “argumentaba” que la función principal del Tribunal Constitucional consistía en “salvaguardar la unidad de España”. Podemas se unió a la fiesta de la antidemocracia presentando un recurso ante dicho tribunal en el que pedían la recusación de dos de sus miembros bajo el “argumento” de que el proyecto de ley alteraba el procedimiento para la renovación de sus cargos (cosa que los mismos interesados habían pedido insistentemente), lo cual implicaba “un evidente conflicto de intereses”.
El pleno se inició con la petición de Ciudadanos de suspenderlo hasta que el Tribunal Constitucional hubiese tomado una decisión y, ante la negativa de la presidenta de la cámara, compararon su actuación con la de los independentistas con ocasión del referéndum de 2017. PP y PSOE se acusaron mutuamente de protagonizar un golpe de estado. En el PP no es nada nuevo, pues su desconocimiento de la Constitución llega al punto de que ya acusaron de “golpe de estado” a la moción de censura que llevó al poder a Pedro “el hermoso” en junio de 2018. Pero los portavoces del PSOE y del gobierno no les fueron a la zaga, afirmando que como al PP le falló el golpe de estado “con tricornios ahora lo intenta con togas”. La sesión toda fue una esperpéntica competición entre los diferentes grupos políticos por ver quien sumía al país en una crisis institucional más grave. Mientras tanto, conservando un cierto vestigio de la serenidad que se les supone a los padres de la patria, el Tribunal Constitucional decidía que la denuncia del PP no podía tratarse en una sala sino en el pleno del organismo y se aceptaba la petición del “sector progresista” de aplazar la decisión hasta el lunes 19 con objeto de analizar los sesudos “argumentos” presentados por unos y por otros. Esos cuatro días fueron aprovechados por el PSOE para inundar las redes sociales con el eslogan anticonstitucional de que todos los poderes deben quedar sometidos a lo que diga el Congreso, presentando como epítome de la democracia arramblar con la división de poderes y llegando a calificar cualquier decisión que tomara el Tribunal Constitucional como “injerencia”. Podemas, sin embargo, se esforzó por distanciarse del PSOE haciendo alarde de cómo tergiversar las leyes para saltárselas. Después de argumentar que el jueves el Tribunal Constitucional no podía decidir por haber un conflicto de intereses por parte de sus miembros, volvió a argumentar que el lunes tampoco podía decidir porque ya había pasado el trámite parlamentario al que aludía la denuncia del PP. Aún más, evidenciando que su grado de desconocimiento del significado de la palabra “vergüenza” sólo puede compararse con su grado de desconocimiento de lo que significa la palabra “ridículo”, apelaron a la Unión Europea con el fin de “salvar la democracia española” compitiendo en semejante intento con Vox, también autoproclamada vanguardia de la defensa de la democracia.
La Comisión Europea por toda respuesta emitió un comunicado en el que recordaba lo obvio, lo básico, lo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe, que algo así como una reforma de uno de los poderes del Estado debe pactarse y no someterse a la votación de una cámara de representarse como si de un cambio de festividades se tratase. El Tribunal Constitucional, haciendo uso de las competencias que le corresponden y que el propio gobierno le reconoció al negarse a recurrir el fallo, dictaminó la suspensión cautelar de la reforma del Consejo General del Poder Judicial en el Senado, con lo cual, paraba la tramitación de la ley hasta proceder al estudio detallado de su contenido y de las alegaciones presentadas. El hecho de que, finalmente, en el Consejo General del Poder Judicial se llegara a un apaño que permitirá renovar, por fin, un Tribunal Constitucional en funciones desde hace meses, no evita que todo el daño que esta caterva de politicastros de todo el arco político podían hacer a la democracia ya está hecho. A partir de ahora, nadie que tenga la más remota idea de lo ocurrido, dudará de que el poder judicial en este país está politizado hasta el tuétano, de que tiene tanta independencia como el existente en Polonia y de que, por tanto, vivimos en una democracia afuncional. Ni uno solo de los responsables de hacer esta conclusión inevitable está capacitado para ejercer otro cargo público que no sea el de barrendero en una democracia real y eso incluye a todos y cada uno de los miembros del gobierno y de la oposición en todas sus formas hasta el nivel de dirigente provincial.
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