15 de diciembre de 2.022: un país sin universidades públicas.

   En medio de toda la bronca política por la reforma del Consejo General del Poder Judicial; en medio de la vergüenza propia y ajena de ver cómo delincuentes confesos quedaban eximidos de cualquier responsabilidad pública y, particularmente, política; en medio del bochornoso espectáculo de ver cómo comenzaba la agonía de la democracia nacida en 1976; sin que nadie lo percibiera, otra bomba política y social pasaba el trámite parlamentario: la reforma universitaria. Esta reforma universitaria nació como el proyecto estrella de Manuel Castells, “el desconocido”. De Castells alguien tendría que escribir un libro, no en tanto que ministro ni en tanto que sociólogo, sino en tanto que fenómeno social. Catalán de pura cepa nacido en Castilla, pionero heroico en la introducción de conceptos largamente conocidos por todos, incansable escritor acerca de la trivialidad o la nada, destacó en los años ochenta de la mano de un marxismo sociológico que de Marx ya no guardaba nada y que convertía en luchas sociales por la liberación las protestas de unas clases obreras que se sentían defraudadas porque la promesa de que se convertirían en “clase media” no acababan de materializarse. En cuanto oyó a cuatro intelectuales de tertulia hablar de “globalización” se subió al concepto y largó una parrafada de más de mil páginas en tres volúmenes en donde hablaba de lo divino y de lo humano, sin explicar nada, sin predecir nada, pero, eso sí, repitiendo los tópicos típicos que todo el mundo quería oír. Fue un boom. Las universidades de EEUU se dieron de tortas por él, las revistas de toda laya discutían si nos hallábamos ante el nuevo Weber o el nuevo Spencer (más bien habría que compararlo con Spengler) y hasta la televisión pública le dedicó una serie de programas para que fuera improvisando sobre la marcha desvelándonos los secretos del acontecer. Creo que la “serie” se quedó en tres programas después de que la audiencia la abandonara, cansada de oírle recitar innumerables veces las mismas papanatadas envueltas de palabros de moda. El siglo XXI, sobre el que ha escrito más que nadie, le pilló un poco a contrapié. Se había convertido en un promediador de ideas y de corrientes, en un profeta de lo ya ocurrido, que intentaba mantener su estatus intelectual y acumular contratos en el proceloso mundo universitario norteamericano. Por si acaso, había echado la caña en la política española. Podemas exigió para su Ilustrísima un ministerio. Podría haber sido ministro de la vivienda o de la información o de la transformación digital o de cualquiera de esas cosas sobre las que, supuestamente, sabía tanto por haberse llevado toda su vida escribiendo sobre ellas, pero le dieron un ministerio sobre el que sabía muchísimo más, el  “Ministerio de Universidades”.

   Castells llegó a la cartera ministerial augurando cambios, transformaciones y, como todos los ministros que han tenido que ver con el tema, poner a la universidad española a la vanguardia de la excelencia académica. Bueno, lo de “llegó” es un decir. Llegar, llegar, llegó tarde y bien poco. Se pasó la mayor parte del tiempo de su mandato en los EEUU cumpliendo sus compromisos, ganándose sobresueldos que dejaban en calderilla lo que cobraba como ministro y tratándose una enfermedad porque el pobre parece que está pachucho. Cada vez que volvía a Madrid proponía una nueva versión de la ley de Universidades que prometió en su primer día en el cargo. La primera de ellas puso de uñas a los rectores, que lo amenazaron con largar a sus perros como hicieron en 2010 cuando los recortes presupuestarios llegaron a la universidad y se fraguó lo que acabó siendo Podemas. La segunda, puso de uñas a los profesores, convertidos tras las últimas reformas en becarios del catedrático de turno. La tercera, a los sindicatos. Hasta las limpiadoras universitarias acabaron soltando pestes de él. Castells dimitió in absentia “por problemas de salud” dejando un legado ministerial que parece presagiar cómo se juzgará su legado en la sociología a poco que pasen unas décadas.

   A Castells le sucedió Joan Subirats, catalán como el castellano Castells, economista, con mucho menos pedigrí intelectual, pero con solera política forjada en décadas de conchabeos y apaños en el Ayuntamiento de Barcelona. Tal y como llegó al cargo tuvo muy claro lo que tenía que hacer. Su reforma universitaria otorga bienes en función del poder que cada cual tiene. A los sindicatos les promete acabar con la precariedad, a los profesores plazas estables y el pastizal y el poder derivado de todo ello se lo entrega a manos llenas a los rectores que obtienen todo cuanto pudieran pedir y más. Se han convertido en virreyes para que hagan y deshagan a su antojo, contratando, despidiendo, imponiendo reglas y criterios para ello y utilizando su ilustrísima y magnífica potestad para adoptar posturas institucionales sobre los temas que más les apetezcan: el poder judicial, la independencia de Cataluña, la defensa de la unidad de España, los toros, el cine o cualquier indeseable que se atreva a denunciar su completo y arbitrario nepotismo. Lisa y llanamente, no existe límite alguno a su poder. Gracias a esta ley, los problemas endémicos de la universidad española desde hace siglos se perpetuarán varios siglos más, con la esperanza, ni siquiera disimulada por nadie, de que acabe muriéndose pronto por ellos y sólo quienes tengan dinero puedan costear los estudios universitarios de sus hijos en alguna universidad privada con más reconocimiento que las podridas universidades públicas. Un paso más, al cabo, en la denodada lucha de los políticos españoles de todo el arco parlamentario por exacerbar sin remedio las desigualdades sociales. Gracias a Castells, gracias a Subirats, gracias a este gobierno “sociocomunista”, gracias a todos los gobiernos que los precedieron, si volviera a nacer un Cajal en este país, tendría que escuchar cómo los miembros de los tribunales de oposición a una plaza universitaria se cachondeaban de sus teorías, esas que le valieron un premio Nobel, hasta el momento en que su padre decidiera echarle una mano.

15 de diciembre de 2.022: un país sin poder judicial.

   En el mismo paquete legislativo que suprimía los delitos de sedición y de malversación, el gobierno presentó una reforma del Consejo General del Poder Judicial que sólo exigía para la elección de sus representantes en el Tribunal Constitucional una mayoría simple y no los dos tercios antes establecidos. Esta reforma laminaba la necesidad de acuerdos entre partidos para la elección de candidatos al órgano encargado de mantener dentro de los límites constitucionales, entre otras cosas, las leyes aprobadas por el Parlamento. Gracias a ella, si un día corremos la misma desgracia que Italia y acabamos con una mayoría parlamentaria neofascista o directamente fascista, sólo tendrá que aguardar a la oportuna renovación del Tribunal Constitucional para que éste deje de oponer resistencia alguna a sus deseos. Sólo una pandilla de irresponsables podía, primero, idear semejante reforma y, segundo, amalgamarla con un paquete de medidas que muestran bien a las claras la inexistencia de vergüenza entre nuestra clase política. Pero si los partidos que forman parte del gobierno demostraron con esta actuación carecer de los requisitos mínimos para dirigir ni siquiera una república bananera, la oposición no se quedó atrás. Aunque el pleno estaba convocado casi con una semana de antelación, el PP sólo presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional un día antes de su celebración y nada menos que pidiendo la suspensión cautelar del mismo. A partir de ese momento todo lo que pudiera venir después sólo podía revestir el carácter de tragicomedia. A la petición del PP se sumó Vox, con un escrito que “argumentaba” que la función principal del Tribunal Constitucional consistía en “salvaguardar la unidad de España”. Podemas se unió a la fiesta de la antidemocracia presentando un recurso ante dicho tribunal en el que pedían la recusación de dos de sus miembros bajo el “argumento” de que el proyecto de ley alteraba el procedimiento para la renovación de sus cargos (cosa que los mismos interesados habían pedido insistentemente), lo cual implicaba “un evidente conflicto de intereses”.

   El pleno se inició con la petición de Ciudadanos de suspenderlo hasta que el Tribunal Constitucional hubiese tomado una decisión y, ante la negativa de la presidenta de la cámara, compararon su actuación con la de los independentistas con ocasión del referéndum de 2017. PP y PSOE se acusaron mutuamente de protagonizar un golpe de estado. En el PP no es nada nuevo, pues su desconocimiento de la Constitución llega al punto de que ya acusaron de “golpe de estado” a la moción de censura que llevó al poder a Pedro “el hermoso” en junio de 2018. Pero los portavoces del PSOE y del gobierno no les fueron a la zaga, afirmando que como al PP le falló el golpe de estado “con tricornios ahora lo intenta con togas”. La sesión toda fue una esperpéntica competición entre los diferentes grupos políticos por ver quien sumía al país en una crisis institucional más grave. Mientras tanto, conservando un cierto vestigio de la serenidad que se les supone a los padres de la patria, el Tribunal Constitucional decidía que la denuncia del PP no podía tratarse en una sala sino en el pleno del organismo y se aceptaba la petición del “sector progresista” de aplazar la decisión hasta el lunes 19 con objeto de analizar los sesudos “argumentos” presentados por unos y por otros. Esos cuatro días fueron aprovechados por el PSOE para inundar las redes sociales con el eslogan anticonstitucional de que todos los poderes deben quedar sometidos a lo que diga el Congreso, presentando como epítome de la democracia arramblar con la división de poderes y llegando a calificar cualquier decisión que tomara el Tribunal Constitucional como “injerencia”. Podemas, sin embargo, se esforzó por distanciarse del PSOE haciendo alarde de cómo tergiversar las leyes para saltárselas. Después de argumentar que el jueves el Tribunal Constitucional no podía decidir por haber un conflicto de intereses por parte de sus miembros, volvió a argumentar que el lunes tampoco podía decidir porque ya había pasado el trámite parlamentario al que aludía la denuncia del PP. Aún más, evidenciando que su grado de desconocimiento del significado de la palabra “vergüenza” sólo puede compararse con su grado de desconocimiento de lo que significa la palabra “ridículo”, apelaron a la Unión Europea con el fin de “salvar la democracia española” compitiendo en semejante intento con Vox, también autoproclamada vanguardia de la defensa de la democracia. 

   La Comisión Europea por toda respuesta emitió un comunicado en el que recordaba lo obvio, lo básico, lo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe, que algo así como una reforma de uno de los poderes del Estado debe pactarse y no someterse a la votación de una cámara de representarse como si de un cambio de festividades se tratase. El Tribunal Constitucional, haciendo uso de las competencias que le corresponden y que el propio gobierno le reconoció al negarse a recurrir el fallo, dictaminó la suspensión cautelar de la reforma del Consejo General del Poder Judicial en el Senado, con lo cual, paraba la tramitación de la ley hasta proceder al estudio detallado de su contenido y de las alegaciones presentadas. El hecho de que, finalmente, en el Consejo General del Poder Judicial se llegara a un apaño que permitirá renovar, por fin, un Tribunal Constitucional en funciones desde hace meses, no evita que todo el daño que esta caterva de politicastros de todo el arco político podían hacer a la democracia ya está hecho. A partir de ahora, nadie que tenga la más remota idea de lo ocurrido, dudará de que el poder judicial en este país está politizado hasta el tuétano, de que tiene tanta independencia como el existente en Polonia y de que, por tanto, vivimos en una democracia afuncional. Ni uno solo de los responsables de hacer esta conclusión inevitable está capacitado para ejercer otro cargo público que no sea el de barrendero en una democracia real y eso incluye a todos y cada uno de los miembros del gobierno y de la oposición en todas sus formas hasta el nivel de dirigente provincial.

15 de diciembre de 2.022: un país sin malversadores.

   Decía Aristóteles que el hipócrita conoce la verdad, pero la oculta. El problema de los políticos catalanes es que no son nada hipócritas porque hace mucho tiempo que perdieron la noción de que pudiera haber algo verdadero. Por tanto, el máximo logro que exhiben ante sus votantes es reconocer que desviaron fondos públicos para fines para los que no estaban destinados, entre ellos, las cuentas para el mantenimiento de Carles I de Catalunya con los fastos que merece de por vida, el sostenimiento de todo lo que necesita el osito Junqueras durante el mismo tiempo, además de las correspondientes cuentas en Suiza de todos ellos y, por supuesto, algo de calderilla para organizar el referéndum por la independència que, para quienes no sepan catalán, significa “independencia”. Derogar la sedición apenas si era una de las reclamaciones para lavar la ofensa española de impedir que los políticos catalanes hicieran lo que les viniera en gana. Acabar con la represión del Estado español exigía evitar que los corruptos catalanes paguen por sus corruptelas. Por tanto, el jueves 15 de diciembre se aprobó en el Parlamento una reforma de ley por la cual deja de considerarse delito de corrupción el desvío de fondos públicos para fines para los que no estaban destinados y exige para que pueda haber corrupción “ánimo de lucro”. Podemas había sacado adelante una ley que se basaba en qué sentían los implicados. El PSOE, para no quedarse atrás, va a poner en funcionamiento una ley que se basa en el “ánimo” de los políticos. Quienes no tengan el ánimo necesario para lucrarse, tampoco tendrán que pasar mucho tiempo entre rejas, cuatro años como máximo, “causalmente”, el tiempo transcurrido desde el procès (que, para quienes no sepan leer en catalán significa “proceso”) y siempre, eso sí, que su delito haya causado un "entorpecimiento grave del servicio". La reforma no contempla agravantes. Si, pongamos por caso, un cargo público dedica el dinero destinado a comprar insulina para los hospitales a financiar a la asociación local de su propio partido, deja de haber cualquier base legal para enjuiciarlo. Y lo mismo ocurre si las ayudas para los afectados por una riada se dedican a fletar autobuses con los que llevar a miembros del propio partido a asaltar el Parlamento. Hay muy mal pensados, mayormente gente muy muy facha, que ha afeado al gobierno hacer una ley para beneficiar a personas con nombres y apellidos, algo absolutamente anticonstitucional y malévolo. Los partidarios de Pedro “el hermoso” se han desgarrado las vestiduras preguntando cómo osan acusarles de favorecer a personas concretas. No, ellos han favorecido a este país, a este continente, al mundo entero, a quienes acumulan riquezas en paraísos fiscales con la excusa de la llibertat per a Catalunya (“libertad para Cataluña”, para quienes no sepan leer en catalán) y al común de los mortales, a los ciudadanos de a pie, como José Antonio Griñán y Manuel Chaves, a quienes enviados del gobierno les han transmitido un guiño de Pedro “el hermoso”. Aún más, si una persona es una institución, ¿puede achacársele “ánimo de lucro” por desviar bienes públicos a sus cuentas privadas? Los muy izquierdistas republicanos de Cataluña han sentado las bases para que regrese el buen rey emérito, ahora libre de pecados de acuerdo con el espíritu de esta reforma. Afortunadamente, nuestro gobierno, el espejo en el que se mira nuestra nación, no lo compone únicamente el PSOE. Ahí tenemos también a Podemas, faro de referencia de la izquierda de verdad, látigo infatigable de la “casta” y sus componendas, batuta de las impolutas voces del progresismo radical. Valientemente, se han negado a suscribir una ley que, previsiblemente, vaciará nuestras cárceles de políticos represaliados por sus ideas acerca de cuánto dinero debe haber en sus cuentas cuando abandonen los cargos públicos. Eso sí, han votado a favor de ella, que ser radical, ser de izquierdas y luchar contra ella no significa que no compartan las ideas de “la casta”. 

   Dice el abogado de Griñán, en su día él mismo diputado socialista, que Griñán y Chaves, en lugar de agradecer el gesto, han sentido su dignidad ofendida (sic!) porque se los metiera en el mismo saco que los independentistas. De hecho, mezclar esta reforma de la ley con la reforma de la sedición ha levantado todas las ampollas que estaban sin cicatrizar en el PSOE contra Pedro “el hermoso”, generando una marejada de fondo de la que declaraciones de los cargos medios, de antiguos barones del partido y de supuestas “organizaciones ciudadanas”, apenas si son un pálido reflejo. Quienes conocen a los votantes del PSOE afirman que las bases están que trinan. Pero nada de eso es comparable con la estupefacción de las autoridades europeas. La reforma, como todas las leyes que venimos padeciendo en este fin de año por parte del gobierno de Pedro “el hermoso” no sólo se ha hecho deprisa y corriendo, no sólo se ha hecho consultando únicamente a los cuatro desaprensivos encerrados en un despacho, además se ha hecho en un momento en el que desde Bruselas se había animado a España a no “desfallecer” en su lucha contra la corrupción y justo en plena onda expansiva del Qatargate, que va a llevar a un endurecimiento de los controles en la Unión Europea y a colocar a España, una vez más, otra vez, como siempre, en ese lugar de Europa en el que la espalda pierde su virtuoso nombre.

15 de diciembre de 2.022: un país sin sediciosos

   La jornada del 15 de enero de 2.022 pasará a la historia de nuestro país como el principio del fin de algo que se inició en noviembre de 1.975. Nada ocurre por saltos, no hay jornadas decisivas ni hay más acontecimientos que los que algún poder deseoso de que no preguntemos el porqué, plante ante nuestras narices. Sin embargo, el pasado jueves todo lo que iba camino del desastre en este país se hizo patente y manifiesto para quien no esconda su cabeza bajo el ala. Ese día, el gobierno de Pedro “el hermoso”, llevó al Parlamento otra de sus leyes Frankenstein, en la que, sin pensar más que en su propio pellejo, proponía cualquier cosa para salir del atolladero. En este caso, se trataba de un paquete que incluía la reforma del delito de sedición, la reforma del delito de malversación y la reforma de los procedimientos para elegir magistrados del Tribunal Constitucional, todo junto y revuelto sin otro hilo común que el que se ha convertido en el elan vital de este espasmo legislativo de nuestro preclaro gobierno: el sí porque sí. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, que hace ya mucho tiempo que se comió su última ración de vergüenza confundiéndola con una angula, ha justificado este despropósito afirmando que permite "homogeneizar" la legislación española con la europea; "corregir tipos inexistentes" que pertenecen a otra época histórica y rebajar "penas desproporcionadas" que generan "disfunciones en la cooperación entre los estados". Con estas leyes en vigor, añadió el bueno de Patxi, Carles I de Catalunya no hubiese ganado ningún recurso para evitar su extradición a España… porque nunca se habría ido de ella. En efecto, la reforma del delito de sedición, simplemente, la hace desaparecer. En lugar de sedición habla de “desórdenes públicos agravados”, la pena máxima pasa de los 15 años de prisión a los cinco que prevé la nueva ley. En su redacción original, el artículo 544 del Código Penal hablaba de alzarse “pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público". La reforma, por contra, se refiere a quienes actúen “en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas, o invadiendo instalaciones o edificios". Dicho de otro modo, quienes promovieron el referéndum independentista en Cataluña ni siquiera quedan imputados por este artículo. Sin embargo, un grupo de manifestantes que irrumpan en una oficina bancaria, se pongan a bailar sevillanas y se lleven de ella una grapadora, sí acabarán en prisión en la parte superior de la horquilla de penas previstas. La ley española ya nunca más molestará a los políticos que lancen a las masas contra las instituciones democráticas, eso sí, si los ciudadanos se organizan de modo espontáneo para protestar, que se vayan preparando. O, si quieren, se lo pongo más claro, un Donald Trump que explícitamente llamase al asalto del Congreso, no encontraría obstáculo legal alguno para seguir presentándose a cuantas elecciones quisiera, por contra, una acampada en la Puerta del Sol como la protesta de los indignados en 2011, nunca más podrá tener lugar en nuestro país.

   Si hubiese que creerse algo de lo que dice Patxi López, la propuesta no estaba redactada 48 horas antes de su tramitación. Dicho de otro modo, el acuerdo entre PSOE y ERC se puso negro sobre blanco sin realizar ningún tipo de consulta a expertos jurídicos, órganos consultivos ni nada semejante, con lo que nadie ha previsto posibles consecuencias indeseables de esta ley, como nadie las previó de la reforma de la ley del “sí es sí”, reforma que ha permitido la sistemática rebaja de condenas de violadores, acosadores y demás incapacitados sexuales que se dedican a asaltar a las mujeres. El resultado no se ha hecho esperar. El 7 de noviembre de 2021, un avión que volaba de Casablanca a Estambul tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Palma. Uno de los pasajeros parecía haber sufrido un coma insulínico. Aprovechando la llegada del equipo médico para atenderlo, 24 pasajeros organizaron un tumulto y bajaron del aparato, invadieron las pistas y la mitad de ellos, consiguieron abandonar las dependencias del aeropuerto. El aeropuerto de Palma tuvo que cerrar sus instalaciones durante tres horas con el consiguiente caos aéreo. Las Fiscalía, alentada por unas autoridades que exigían practicar un escarmiento con los detenidos, los acusó de sedición y, consecuentemente, dado que se les podía imputar hasta 10 años de cárcel, obtuvieron la prisión preventiva de todos ellos hasta la llegada del juicio. Si efectivamente, el delito de sedición queda reformado en el sentido que pide el gobierno, los abogados defensores ya han mostrado su intención de pedir la libertad condicional de todos ellos, dado que la posible rebaja de la pena impuesta ya no exigiría mantenerlos en prisión a la espera de juicio. De este modo, podrán unirse a sus compatriotas escapados y, entre todos, colgar vídeos instructivos en Youtube, explicando cómo entrar en Europa a través de un país de chascarrillo llamado “España”.

La Primera República.

   Me gustan los deportes espectaculares, así que no tengo el más mínimo interés por el fútbol. No obstante, la derrota de España ante Marruecos y la posterior victoria de ésta ante Portugal me ha proporcionado un sin fin de risotadas por motivos múltiples. Uno de ellos es descubrir que a la altura del siglo XXI España sigue dividida en dos grandes mitades, la de aquellos que ignoran nuestra historia y la de aquellos que hacen todo cuanto está en sus manos por ignorar nuestra historia.

   Como he explicado varias veces aquí, constituye un error común (y catastrófico) considerar que el Islam es algo así como un monolito que se extiende sin variantes desde Alhucemas hasta Mindanao y, por lo mismo, considerar que el Islam hoy es igual que en los tiempos de la predicación de Mahoma. Cuando uno lee el resultado de aplicar estos simplismos a la historia de España el resultado es descacharrante. Ocho siglos de la historia de este país, ocho siglos, 800 años, más de los que han transcurrido desde el descubrimiento de América, los ocupa la historia de al-Ándalus. El primer hecho fundamental para entender al-Ándalus consiste en que Táriq Ibn Ziyad desembarcó en la península al mando de unos 9.000 hombres y que con ellos conquistó sin demasiados esfuerzos todo el territorio comprendido entre Gibraltar y la Meseta Central, dominando una población de unas 700.000, almas ,algo que de ninguna de las maneras puede conseguirse únicamente manu militari. Las posteriores oleadas norteafricanas tampoco alteraron la base demográfica de al-Ándalus y, de un modo muy parecido a lo que ocurrió con los visigodos, implicó en la llegada de unos miles de hombres armados que se convertían en la élite dirigente y que acababan diluyéndose en el sustrato existente. Un reciente estudio genético muestra que un 10% de los habitantes de este país todavía tiene genes norteafricanos algo que cuadra mucho más con lo que acabamos de describir que con muchas otras paparruchas que nos han contado.

   Como consecuencia de lo anterior, una tensión permanente recorrió la historia de al-Ándalus entre la población andalusí, descendiente directa de los pobladores originarios de la península, y las minorías llegadas del Sur, detentadoras del poder. Pero a ella había que añadir otra. La prosperidad de la dinastía omeya generó deslumbrantes ciudades, entre las que destacaba por encima de todas Córdoba. Sus habitantes se distinguieron muy pronto por su refinamiento,  sus intereses culturales y su preocupación por la justicia y la política. Sin embargo, buena parte de la población andalusí siguió residiendo en pueblos de base agrícola, a veces, en condiciones de pura subsistencia. Esto generó otra tensión, perpendicular a la anterior, entre los habitantes rurales y algo que a todas luces podríamos llamar burguesía. Con frecuencia estas tensiones desembocaron en conflictos, levantamientos y guerras civiles, más o menos encubiertas como guerras dinásticas. Problemas de esta índole provocaron a principios del siglo XI la desintegración del reino en una serie de taifas. En Córdoba las revueltas populares destituyeron a Abderramán V (1024), a Yahya al-Muhtal (1027) y a Hisham III (1031). Hartos de tribus venidas del Norte de África a modo de ejércitos pagados con impuestos abusivos, Córdoba fue la última en declararse reino independiente, pero la primera en toda Europa en declararse una república. En contra de lo que cuentan nuestros libros de historia, ni la Primera República española nació en el siglo XIX, ni la primera república islámica en el siglo XX.

   En 1031 un consejo de notables decidió entregar el poder a Abú'l Hazm Yahwar bin Muhammad de la familia de los Banu Yahwar que venía ocupando cargos públicos desde antes del colapso del califato. Yahwar bin Muhammad, sin embargo, renunció a proclamarse califa. Exigió compartir su poder con otros dos miembros de su familia y se consideró a sí mismo un delegado de la confianza popular, no la persona encargada de mandar o de prohibir. Todas sus decisiones se hicieron siempre en presencia de una asamblea de notables, en la cual todos podían hablar y dar su parecer. Aunque muchos consideran que en realidad, el poder permaneció en manos del clan de los Yahwar, no constan represalias contra los contrarios a sus decisiones ni mandatos impuestos por las buenas a dicha asamblea. De hecho, incluso quienes testimonian de su avaricia y de haber triplicado sus riquezas durante su gobierno, le reconocen a Yahwar bin Muhammad sensatez política, buen hacer y preocupación por las aflicciones de los ciudadanos de a pie. Por supuesto, como todos los que ocuparon un cargo antes que él y después que él, prohibió la venta de alcohol, pero también disolvió la milicia bereber que atemorizaba a la población, creó algo parecido a un ejército popular, hizo los impuestos soportables para todos, llevó una contabilidad minuciosa de cómo y para qué se gastaba cada moneda del erario público, colocó guardias en los palacios califales aunque no los habitó nunca, acudió, como uno más, a las ceremonias, a los ritos populares de Córdoba y a visitar los enfermos, regularizó la práctica médica, convirtió la ciudad en tierra de acogida para todos los exiliados del resto de reinos taifas y medió entre ellos para que vivieran en paz y armonía. Aunque es verdad que su mandato no se extendió mucho más allá de los muros de la ciudad, le devolvió el esplendor de los primeros años del califato omeya. Básicamente no hay críticas a su gobierno ni siquiera entre los historiadores que más aceradamente le lanzan puyas y todos le reconocen haber encabezado una época de prosperidad. Sin embargo, él nunca se consideró elegido para nada y reclamó para sí meramente el papel de guardián del califato hasta que llegase alguien que mereciera “el reconocimiento de todos”. Hasta tal punto obró regido por esta idea que dejó en manos del consejo de notables elegirle sucesor. Cuando murió, el consejo eligió a su hijo Abú'l Walid Muhammad quien durante 21 años más mantuvo la prosperidad, la tolerancia y el afán por cuidar el bienestar de los ciudadanos. Pero Abú'l Walid Muhammad tenía dos hijos, en los cuales acabó delegando el poder. Entre ellos surgió una rivalidad que les llevó a enfrentarse fratricidamente hasta que en 1070 la taifa de Sevilla se anexionó Córdoba. 

   La que verdaderamente merece el nombre de I República española, pues, no sólo presagió la que aparece en los libros deseosos de olvidar nuestra historia como I (1873-4), sino que también anticipó lo que habría de ocurrir con la que se denomina “Segunda República” (1931-9). Y todo eso sucedió aquí, en este país empeñado en sepultar bajo toneladas de olvido cualquier cosa que le recuerde que otra España es posible porque la historia muestra que ya existieron otras Españas posibles.

En qué consiste el fascismo.

   Supongamos que enviamos una sonda espacial a inspeccionar un planeta, pero no vuelve. ¿Qué debemos hacer? La mayor parte de los seres humanos responderían: mandar X sondas espaciales más. Altshuller llamaba a eso "inercia psicológica" y consiste en que los seres humanos, cuando adoptan una línea de pensamiento ya siguen por ella con independencia de cuántas paredes haya que atravesar a cabezazos. Y, por supuesto, si no se derriban al primero sólo hay que… dar más. "Más" siempre figura en la solución que dan los seres humanos. ¿Hay delincuencia en las calles? más policía. ¿Las tasas de criminalidad no descienden? más libertad para la acción policial. ¿La criminalidad sigue aumentando? se los dota de armas más potentes. ¿Si un antibiótico no funciona ante una infección hay que suministrar más cantidad? ¿Si un sistema de entrenamiento genera lesiones en los deportistas hay que entrenar más? ¿Si el carrito de la compra tiende a irse hacia un lado, para mantenerlo en línea recta, tenemos que empujar más? Habitualmente "más" forma parte del problema, no de la solución.

   Las grandes unificaciones nacionales del XIX condujeron a la idea de que cualquier problema que surgiese podría solucionarse con más nacionalismo y así llegamos a esa trituradora de vidas humanas que fue la Primera Guerra Mundial. Como todas las guerras, solucionó bastante poco, pero agravó sin límites todos los problemas. Naturalmente, todo el mundo pensó que resolverlos exigía una guerra más grande. Sin que nadie entendiera muy bien por qué Europa se precipitó al abismo de su autodestrucción. Después, de entre ruinas innecesarias, horrores insondables y sufrimientos sin cuento, los europeos se tropezaron, al fin, con la evidencia de que todos nuestros problemas debían solucionarse de otra manera y no con más locura. Vinieron generaciones y generaciones que inventaron soluciones nuevas, que crearon nuevas posibilidades y que soñaron con otros horizontes. Desde las altas esferas se consideró que tanta creatividad era peligrosa, así que, lentamente se procedió a estrangularla. En los años noventa toda la destrucción de mediados de siglo parecía tan lejana que reapareció la vieja cantinela del “más”. Hoy día abundan quienes creen haber descubierto que las ideas que hace un siglo condujeron a la catástrofe, mañana nos llevarán al paraíso. Hasta tal punto estamos perdidos y desorientados que ya ni siquiera somos capaces de identificar el peligro. Menudean sesudos expertos que sientan cátedra afirmando que es difícil definir qué entendemos por "fascismo", pese a que el fascismo ni se oculta, ni se disimula, ni se esconde. Aún más, hay textos sobre él, textos escritos por quienes lo fundaron y por quienes lo practicaron, que no dejan mucho lugar a dudas de cuál es su naturaleza. Drieu de la Rochelle decía claramente que el fascismo no tenía un programa y Mussolini hasta le negaba la posesión de ideas. El fascismo no se asienta en ideas. No hay ninguna idea que merezca el calificativo de “fascismo”. El fascismo consiste en la acción. Como afirman sus “teóricos”, viene encarnado en una "actitud", una "mentalidad", un "espíritu", etéreo y transparente, que puede encontrarse en cualquier lugar y en ninguno y que por tanto, puede apropiarse de cualquier cosa según las circunstancias y los intereses. El fascismo no es una ideología, usa y se disfraza de cualquier ideología, según convenga. Todas las ideologías tienen cabida en el fascismo y a él llega gente que procede de todo el arco político. Las alimenta todas, hasta el punto de que las élites del comunismo italiano de los años 30 brotó de los centros de adoctrinamiento fascistas. No se trata de que el fascismo sea conciliador ni tolerante, se trata de que no tiene ideas propias y tiene que tomarlas de aquí y de allá, del presente y del pasado, de las rancias tradiciones patrias y del extranjero no importa cómo de remoto, de negar las ideas de los otros, pero siempre en la cantidad mínima, lo imprescindible para aparentar que defiende algo distinto de la barbarie en estado puro. Muchos intelectuales quedan encandilados por el fascismo como las polillas por la luz. Creen que esa amalgama es un crisol del que nacerá algo nuevo y después tienen que permitir la pública humillación o abandonarlo en cuanto pretenden pensar dentro de él por su propia cuenta. Dentro del fascismo sólo piensa uno, sólo uno tiene pensamiento propio mientras todos los demás tienen que limitarse a interpretarlo. Aplastando a esos intelectuales que se acercan a él, pulverizando sus méritos previos, el fascismo demuestra la naturaleza de su disciplina, que no consiste en afirmar unos principios, consiste en defenestrar a cualquiera que los tenga. Hay quienes se sienten cómodos en las “ciudades seguras” que ofrece el fascismo. Cierran los ojos al hecho evidente de que el fascismo siempre necesitará reforzar la disciplina aniquilando a alguien y que, llegado el caso, el líder correspondiente elegirá ese alguien a capricho. “¿Yo?” claman entonces quienes se sentían seguros bajo la bestialidad fascista, "pero si yo no he hecho nada”. Precisamente por eso nuestro buen hombre se ha convertido en víctima del fascismo, porque ni ha hecho nada, ni ante su desaparición nadie hará nada. Como actividad, como acción, el fascismo no tolera ni la resistencia ni la pasividad, o se está con él, o se está en la lista de enemigos futuros.

   El discurso del fascismo es el discurso de la nuda retórica, la que se lleva a cabo no para convencer ni para disfrutar del uso de la palabra, la que se emplea para demostrar el propio poder de hablar y por tanto, de reducir al otro al silencio, la que no tiene finalidad alguna en las palabras ya que, en el fondo, no importan. Importa la acción y por eso el discurso del fascismo es el discurso de la acción, la acción hecha discurso, la palabra como martillo, como insulto, como agresión, cuya referencia son los golpes y no los pensamientos. Cuando brota de la boca de los fascistas es un farfulleo de contradicciones que a las personas de sano juicio les parece la diatriba de un loco. Aman por encima de todo a la Patria y a algún líder extranjero que no dudaría un segundo en arrasarla. Sólo quieren a inmigrantes que sean buenos trabajadores pero no tan buenos que les quiten los puestos de trabajo a los nacionales, ni tan malos que no sirvan para emplearlos como esclavos. Se ponen cachondos con sus banderas, pero cambiarían los colores nacionales por los del billete de 100$. Critican las corruptelas de quienes enchufan a sus parientes, pero defienden que la familia tiene que estar por encima de todo. Se vuelcan por obtener buenos resultados en las elecciones autonómicas, pero quieren eliminar las autonomías. Lo darían todo por España, salvo el dinero que efectivamente tienen en sus bolsillos. Reivindican nuestra gloriosa historia ignorando las vergonzosas derrotas que la pueblan. Afirmar una cosa, su contraria y negar ambas constituye la base del discurso fascista. Ahora ya podemos entender los problemas que nos embargan. 

   Convertir el juego político en un apéndice del mercado, decir no importa qué porque de lo que importa nadie se atreve a decir nada, vaciar los programas políticos de cualquier contenido porque quien tiene un programa puede verse refutado por la experiencia, ha conducido la vida política de nuestras democracias a la entrada misma de las cuevas fascistas. Hasta tal punto el fascismo nos envolvía antes del primer triunfo de Le Pen que los votantes vieron en él la autenticidad de algo que tantos políticos encarnaban a modo de copia. El votante percibe en el fascismo la honestidad de quien no tiene vergüenza, la sinceridad del criminal confeso, la valentía del matón de barrio y como les han hecho olvidar en qué consisten de verdad esas virtudes, creen que en el fascismo hay algo que merece la pena. Al fascismo no se lo va a parar con genéricas alarmas para salvar nuestras democracias, ni aireando verdades históricas manoseadas políticamente, ni, desde luego, pactando con él para apaciguarlo. Al fascismo lo pararán las nuevas ideas, los programas enérgicos y llenos de contenido, los objetivos claros, tangibles y alcanzables, políticas dirigidas a solucionar los problemas reales de los ciudadanos o ya no lo parará nadie.

Sueños y pesadillas del críquet.

   El 25 de marzo de 1992 en Melbourne, Inglaterra y Pakistán se enfrentaron en la final de la Copa del Mundo de ese deporte que nadie puede entender a menos que hable inglés llamado criquet. Contra todo pronóstico, Pakistán logró humillar al antiguo poder colonial y comenzó una racha de victorias de los equipos asiáticos sobre la, hasta entonces, imbatible potencia occidental. Aquel histórico triunfo supuso la retirada del que había sido capitán y emblemático jugador pakistaní Imran Khan. En buena medida el ascenso del poder asiático en el criquet es la historia de la prodigiosa carrera de Khan y, paralelamente, de las retransmisiones televisivas de dicho deporte. Un ídolo viviente en su país, respetado y admirado fuera de él, bien visto por las élites políticas londinenses, Khan recibió muy pronto propuestas para ocupar cargos ya bajo la dictadura de Muhammad Zia-ul-Haq. Esencialmente los partidos políticos pakistaníes se lo rifaban y él se dejó querer por unos y otros pero con la idea clara de que no sería segundo de nadie. El 25 de abril de 1996 fundó su propio partido, el Pakistán Tehreek-e-Insaf (Movimiento pakistaní por la Justicia). Khan mostró en política la misma habilidad que había demostrado para los enfrentamientos sobre el redondeado campo de los estadios de críquet. 

   Comenzó su andadura por las arenas movedizas de la política pakistaní utilizando su carisma para defender a capa y espada al gobierno del golpista Pervez Musharraf. A nadie se le escapó que este inicio, más que simpatía por Musharraf, mostraba sus intentos por granjearse amigos en el ejército y, más concretamente, en sus servicios secretos, el ISI, un auténtico Estado dentro del Estado que viene poniendo y quitando primeros ministros con tal fruición que ninguno ha conseguido jamás terminar su mandato de cinco años. Pero, como digo, Khan es cualquier cosa menos tonto. Hacia 2007 ya se había dado cuenta de que Musharraf tenía los días contados y se pasó a bombo y platillo al Movimiento Democrático de Todos los Partidos, lo cual le costó arresto, maltrato y cárcel. El hecho de que un tambaleante Musharraf no lo quitara de en medio por entonces demuestra que el ejército ya tenía planes para él. Pero la caída de Musharraf favoreció a quienes había expulsado del poder con su golpe de estado, Benazir Bhutto y su partido, el PPP. Musharraf, pensaba haber alcanzado un pacto con Bhutto que le permitiría seguir conservando esferas de poder o, al menos, no ser perseguido por sus múltiples tropelías, pero el ejército ya lo había puenteado y dos meses y medio después de volver de su exilio, Bhutto fue asesinada en un atentado. 

   En 2013, la hora parecía haber llegado para Khan. Sin embargo, las urnas le dieron la victoria al tradicional rival del PPP, el PLM (N) de Nawaz Sharif. No obstante, el “plan Khan” ya estaba en marcha y a partir de 2014 inició una campaña de agitación popular denunciando el “robo” de las elecciones de 2013, cosa que permitió al ejército manejar al gobierno de Sharif a su antojo. Finalmente, Khan llevó a su partido a ganar 116 de los 270 asientos del Parlamento, en medio de acusaciones de una flagrante intervención de los militares a su favor en 2018. Como Primer Ministro, Khan favoreció la atención sanitaria para los más pobres, la desaparición formal de las áreas tribales tradicionalmente hostiles a cualquier cosa procedente de Islamabad y hogar tradicional del ISI, saneó las cuentas públicas a cambio de hundir la rupia y encarecer de modo asfixiante el coste de la vida, abrió las puertas a la llegada de capital chino, restauró las relaciones con las monarquías del golfo e incendió las redes sociales negándose a llamar terrorista a Bin Laden o justificando la negativa de los talibanes a la educación de las niñas. Desde su oficina se defendió la independencia de los EEUU y acabó en el despacho de Putin el día en que éste iniciaba la invasión de Ucrania. Sin embargo, durante su gobierno, el ISI ha mostrado un grado de colaboración con las administraciones norteamericanas bastante mayor que en la década anterior.

   Lo que pasa en los despachos de las altas esferas de Pakistán es fácilmente descifrable, pero lo que ocurre en los despachos castrenses es otra cosa. Sin que nadie sepa muy bien por qué ni cómo un abismo absolutamente inusual se abrió en el monolítico ejercito pakistaní entre el general Qamar Javed Bajwa, Jefe del Estado mayor y el teniente general Faiz Hameed, jefe de los servicios de inteligencia, hasta el punto de que llegaron a mostrar sus desavenencias ante los periodistas. Bajwa se deshizo de Hameed en junio 2021, pero con los años, Hameed se había convertido en íntimo amigo de “su chico”, Imran Khan, así que Bajwa propició un voto de confianza que expulsó a Khan del cargo el 8 de marzo de este año, siendo la primera vez que un primer ministro pakistaní lo pierde de este modo (el modo habitual es un golpe de estado). Desde entonces, Khan ha vuelto a la agitación popular, promoviendo marchas, manifestaciones y protestas contra el gobierno, los militares y, en última instancia, EEUU, a los que acusa de haber urdido su destitución. El gobierno tampoco se ha quedado quieto y ha orquestado una acusación contra él por “terrorismo” y malversación. Durante la marcha que Khan ha organizado desde Lahore hasta Islamabad, un tiroteo acabó con seis personas heridas, entre ellas un Khan que sigue conservando un enorme tirón popular. Sus seguidores no dudaron en calificarlo de atentado y mostraron su furia en las calles del país. En un hito sin precedentes, el actual jefe del ISI, cargo que hasta hace poco conllevaba el secreto absoluto sobre su identidad, se presentó ante la prensa para negar cualquier relación del ejército con lo ocurrido. Pero la bomba estalló pocos días después, cuando Khan desveló un informe (obviamente elaborado por Hameed) en el que se daba cuenta del enriquecimiento personal y familiar de Bajwa que oficialmente debe pasar a la reserva el día 29 de este mes.

   Mientras los mimbres que han sostenido a Pakistán desde la independencia parecen rasgarse por todas partes, el país va camino del abismo. Su deuda es tan enorme que China y las monarquías del golfo se han negado a financiarla. Las caudalosas inversiones de Pekín han sembrado el país de resentimiento por todas partes y particularmente en la estratégica región de Beluchistán, siempre levantisca y que parece al borde de una violenta explosión. Hasta los talibanes han comenzando a ningunearlos y se han multiplicado los incidentes en la frontera no delimitada con Afganistán. El salvavidas económico que podría suponer la ayuda del FMI vendrá, como siempre, condicionada a nuevos ajustes fiscales que condenarán a la ya empobrecida población a caer por debajo de los límites de la subsistencia. Mientras tanto, niños descalzos juegan con palos y piedras en los descampados a rememorar el triunfo de Khan y los suyos en la Copa del Mundo de críquet.