Sobre voluntad y justicia.

   Ya he explicado reiteradas veces aquí que existe un país llamado Portugal del que los españoles deberíamos aprender mucho. Pero, por eso precisamente, porque tiene mucho que enseñarnos, hacemos lo posible por no conocerlo ni por equivocación. Nos vanagloriamos de haber visitado Praga, San Petersburgo, Venecia, Nueva York, Londres… Pero pregunten por una plaza de Lisboa o una playa del Algarve y verán. En Portugal existe una cosa llamada Conselho Superior da Magistratura, que manda tanto como nuestro Consejo Superior de Deportes, pero en su caso para los jueces. En 1974, la Revolución de los Claveles acabó pacíficamente con la dictadura de Salazar y, pese a que los jueces que ejercieron durante la dictadura continuaron haciéndolo durante los primeros años de la democracia, la Constitución portuguesa de 1976 no tuvo el menor empacho en declarar que “los tribunales son órganos de soberanía con competencia para administrar justicia en nombre del pueblo” y que “los tribunales son independientes y están sujetos únicamente a la ley”. El Conselho consta de 17 miembros, de los cuales el parlamento por mayoría de tres quintos elige siete vocales, el Presidente de la República nombra 2 y los otros ocho los eligen los propios jueces. El modelo portugués no es una anomalía en Europa, bien al contrario, sigue la pauta del sistema judicial italiano o del francés, en el que la mayoría de los integrantes de los órganos del poder judicial lo nombran los propios magistrados. Existe otro tipo de modelos, en los que dicho órgano tiene un papel puramente administrativo, pues se accede a él, como a cualquier otra plaza del funcionariado, por méritos, limitándose su poder al de sancionar a los jueces que transgredan la ley. Este año, Polonia pasó de un sistema “a la francesa” a un sistema puramente español, lo cual, de entrada, no suena demasiado bien, pero a él le han añadido un Tribunal Disciplinario que responde únicamente ante el gobierno y todo tipo de sanciones para jueces que antepongan la legislación europea a la polaca o cuestionen la constitucionalidad de la leyes nacionales.

   La Constitución española, que la hizo gente de derechas y de izquierdas pero muy sabia en comparación con lo que vino después, remitía la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a una futura ley orgánica de la judicatura dejando de facto dicha elección en manos de los jueces. La ley orgánica se fue retrasando y no vio la luz hasta 1985. Para entonces, Felipe González ya se había hartado de que los jueces le vinieran con zarandajas acerca de que las mayorías absolutas no eran óbice para saltarse las leyes cuando a uno le viniera en gana robar más de lo habitual. La ley del 85 entregaba al Congreso el nombramiento de diez de los 20 componentes del órgano de gobierno judicial y al Senado los otros diez. Todavía mejor, ni siquiera tenían que ser jueces ni fiscales, bastaba con que tuvieran “suficiente reputación en el ámbito judicial” (por ejemplo, profesores de derecho). Eso sí, para disimular un poco las cosas y que las futuras elecciones no sacaran tan suculenta presa de sus garras, establecía la necesidad de que todos ellos fueran nombrados por una mayoría de tres quintos de las respectivas cámaras. La imagen de un Felipe González que ya había abandonado la chaqueta de pana, pero que iba por Europa de progre y de legítimo heredero de la República nos evitó un rapapolvos como el que le ha caído en estos días a Polonia. Los jueces no se lo perdonaron y se cebaron con deleite en las decenas de corruptelas de las que el socialismo sembró nuestro país durante 14 años. Pero mientras el PP dejaba constancia pública, con una sonrisa, de cada acción judicial, privadamente tomaba nota de lo que estaba ocurriendo para que a ellos no les pasase lo mismo. En cuanto tuvo mayoría absoluta, el tío del bigote promovió una revolucionaria reforma judicial que, en realidad, se limitaba a decir que los miembros elegidos por las cámaras saldrían de listas promovidas por las asociaciones de jueces y fiscales políticamente orientadas, es decir, que los partidos políticos señalarían a las asociaciones de jueces y fiscales los nombres de entre quienes acabarían eligiendo a los miembros de CGPJ. Esta reforma no le gustó a nadie, salvo a las asociaciones de jueces y fiscales, claro. En 2012, el flamante ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, anunció a bombo y platillo una nueva reforma que se proponía devolver a los jueces el autogobierno con la esperanza de que éstos recordasen tal gesto de magnanimidad en los futuros juicios sobre corrupción del PP. Pero cuando el proyecto de ley llegó al Consejo de Ministros, de esa novedad no quedaba nada. Tan diluida llegó la “reforma” que nunca se tramitó. Al parecer, PP y PSOE habían alcanzado un acuerdo para renovar la cúpula del órgano y el PSOE pidió durante las negociaciones de la misma parar la futura ley, algo que el PP le concedió sin necesidad de un segundo ruego… Hasta hoy. Todos y cada uno de los integrantes del CGPJ llevan ocho años en el cargo. La prescriptiva renovación quinquenal no se ha llevado a cabo desde 2013. Cada cierto tiempo, los partidos hacen el amago de negociar, pero no negocian. Se limitan a proponer miembros inasumibles para el resto de partidos y ante la negativa de los otros, se levantan de la mesa sin más. El PP acusa al PSOE de "no tener voluntad de renovar el CGPJ", el PSOE acusa al PP de "no tener voluntad de renovar el CGPJ" y los dos acusan al tercer partido más votado de "no tener voluntad de renovar el CGPJ". Para dejar más claro de qué va todo esto, en 2020 se prohibió que los miembros en funciones del CGPJ hicieran nombramientos, “reforma” que hubo que desmontar a toda prisa unos meses después porque, lisa y llanamente, la justicia española estaba al borde del colapso. Ese año, un informe sobre el Estado de Derecho en España de la Comisión Europea subrayaba la escandalosa situación del órgano en el que se visibiliza la independencia del poder judicial y, de pasada, también ponía el acento en que “no se ha implantado una estrategia global específica de lucha contra la corrupción”. Para solucionar estos desmanes, el gobierno de Pedro “el hermoso”, amparado en las impolutas huestes de la progresía más izquierdista ha comenzado a alentar una futura reforma “a la polaca” que “desbloqueará la situación” y que se limita a quitar el obstáculo de los tres quintos para que los políticos forjen un órgano de gobierno judicial a su imagen y semejanza laminando inventos fascistoides como que en un Estado de Derecho el poder judicial debería ser independiente. Si a estas alturas Ud. tiene la menor duda de que los padres de nuestra patria están tratando de impedir que los jueces sigan persiguiendo algunas de sus corruptelas más evidentes por el procedimiento de nombrarlos ellos mismos, tengo un negocio que proponerle a propósito de un billete de lotería que no puedo cobrar. Póngase en contacto conmigo en tocomocho@todotimos.com.