Cómo perder Mozambique.

   Mozambique ocupa el puesto 176 de la lista de países por PIB y el puesto 146 de 180 en el índice de Transparencia Internacional de percepción de corrupción. De hecho, la corrupción drena en torno al 60% de su presupuesto. Por decirlo de otro modo, la presencia del Estado en muchas áreas resulta poco menos que testimonial, al ejército se le paga poco y se lo entrena menos y proponer que la policía mantenga la ley y el orden entra en la categoría de los sarcasmos. En un contexto generalizado de pobreza y falta de servicios sociales, la provincia de Cabo Delgado, en el norte del país, puede considerarse una de las más pobres. Étnica y religiosamente dividida, los musulmanes han visto tradicionalmente con recelo que las élites políticas de la nación tras el fin de la guerra civil procedan (incluyendo al actual presidente) de sus minoritarios vecinos cristianos. Aparte de la pesca y la agricultura, las fuentes de ingresos se restringen a la extracción ilegal de diamantes y la ruta de la heroína que desde Afganistán, lleva el producto hasta la playas de Cabo Delgado camino de Europa. Sin embargo, aquí precisamente se han descubierto reservas de gas natural de tales dimensiones que pueden convertir a Mozambique en el mayor exportador de gas de África y el noveno del mundo. En 2023, cuando comience la extracción, el PIB del país podría multiplicarse por cuatro y, en la misma proporción, el volumen de ingresos de quienes lo manejan habitualmente todo, a la vez que disminuiría la mano libre de la que han disfrutado quienes controlan los negocios ilícitos. Sin embargo, los beneficios todavía no han llegado a la población local, que desconfía que le lleguen algún día. Por el momento, los empleos se dirigen a personal altamente cualificado, ajeno a la región. Cabo Delgado ha atraído, pues, las ambiciones de las grandes corporaciones, norteamericanas, francesas, británicas, de su vecino sudafricano y, en menor medida, de Rusia, China y Australia, pero también del Estado Islámico, que le ha dedicado este mes la portada de su revista de referencia. 

   La misma ruta comercial que trajo el Islam a esta región desde la península arábiga sobre finales del siglo VIII, trajo mucho más recientemente el wahabismo subvencionado por las monarquías del Golfo. Implantado sin muchos problemas en Tanzania, de allí lo tomaron predicadores del norte de Mozambique que en el año 2000 crearon el Consejo Islámico. Su objetivo consistía en la implantación de una visión rigorista del Islam ajena por completo a esta parte del mundo. Pronto surgieron en su seno escisiones cada vez más encandiladas con el uso de la violencia. En Tanzania, la evolución tuvo un ritmo más rápido y el Estado respondió con severidad en 2015 y 2017. Muchos de los elementos del yihadismo violento tanzano cruzaron la frontera hacia el vecino Mozambique encontrándose con los grupúsculos antes mencionados y el conflicto abierto por mineros ilegales a los que el gobierno había expulsado violentamente de una mina de rubíes tras adjudicar su explotación a una empresa extranjera asociada con las élites dirigentes. Difícil resulta precisar quién catalizó qué, pero de este magma salieron los protagonistas del primer asalto a Mocimboa da Praia en 2017, localidad a 70 km al sur de la zona de las grandes bolsas de gas y que había visto pasar por sus calles los refugiados procedentes del Cuerno de África y de los Grandes Lagos camino de Sudáfrica. Desde hace 17 meses, tras sucesivos ataques, les ha tocado a sus habitantes coger lo que pudieran llevarse y huir. 

   Sólo entre enero y junio de este año, en torno a 200 personas han muerto como consecuencia de las acciones de los insurgentes. El 25 de marzo se inició un nuevo asalto a Mocimboa da Praia que duró hasta el día 28 de ese mes. En abril, los insurgentes se declararon una “katiba” del Estado Islámico del África Central (ISCA), operativo en el Este de la República del Congo. Ese mismo mes, asesinaron 52 jóvenes que opusieron cierta resistencia a su recluta por parte de los yihadistas y derribaron un helicóptero. El 28 de mayo atacaron la localidad de Macomia, de varios miles de habitantes, causando importantes daños según fuentes oficiales. El 25 de junio, se descubrió una fosa común con numerosos cuerpos de milicianos que presuntamente habían participado en el asalto a Mocimboa da Praia. A cuatro kilómetros de ella, el 27 de junio, ocho trabajadores vinculados a los proyectos de extracción gasística murieron y otros tres desaparecieron en un ataque. Ese día volvieron a atacar la misma localidad. Un día después de que la publicación oficial del Estado Islámico les dedicara su portada, realizaron un nuevo ataque, arrasando cuanto se les opuso y quemando lo que quedaba de los edificios oficiales. Siete días más tarde, en un incidente cuya relación con el yihadismo aún no se conoce, dos desconocidos tirotearon en la capital, Maputo, al presidente de la principal asociación patronal del país, la Confederación de Asociaciones Económicas de Mozambique. Así hasta más de 195 operaciones...

   Interesado en rociar a la población con lo que un analista ha llamado “el opio del gas”, el gobierno, secundado por las compañías gasísticas, atribuyó hasta abril de este año los ataques a “bandas criminales”, mientras los insurgentes adquirían uniformes, equipamiento y amplias cantidades de armas de unidades militares poco proclives al combate. En 2018, el gobierno declaró a Cabo Delgado “zona de exclusión periodística” y echó mano de “contratistas militares privados”, particularmente del Grupo Wagner ruso y del Grupo Dyck Advisory sudafricano, como “consejeros” e “instructores” del ejército. Desde entonces toda información sobre lo que allí ocurre tiene que obtener la aprobación del gobierno de Maputo antes de su publicación. Un mínimo de cinco periodistas han desaparecido sin que en estas desapariciones hayan intervenido los insurgentes según afirman algunas organizaciones civiles. Menudean partes de guerra en cada uno de los cuales el ejército informa de la muerte de no menos de 100 milicianos. De hacer caso a estos informes, habría que concluir que el yihadismo tiene ya una fuerte implantación en la zona que le permite seguir operando pese a los golpes del Estado y regenerar sus estructuras sin dificultad. Eso choca poderosamente con los hechos pues, pese a los espectaculares asaltos a localidades de mayor o menor tamaño, el uso de explosivos por parte del ISCA parece muy limitado, los ataques contra el proyecto gasístico no se efectúan contra instalaciones sensibles, fuertemente vigiladas, y no parece haberse desarrollado la típica administración paralela del Estado Islámico en los territorios “liberados” (territorios “liberados”, por otra parte, que no existen, según las autoridades locales). No obstante, lo que inicialmente se conoció como Al-Shabaab de Mozambique, ha demostrado una rápida capacidad de aprendizaje: cada vez exhibe tácticas de guerrilla más avanzadas y ya ha grabado imágenes con el derribo de un helicóptero. 

   Frenarlos ahora resultaría mucho más fácil que dentro de un año. Su obsesión por Mocimba da Praia se debe a la preferencia de los narcotraficantes por las riveras de esta localidad. Un bloqueo marítimo de la comunidad internacional que obstaculizara semejante ruta no sólo beneficiaría a Mozambique. Tanzania ha actuado con prontitud y eficacia, pero se necesita implicar al resto de actores de la región, particularmente a Sudáfrica, de cuyo ejército se ha mostrado temeroso el propio Estado Islámico. Las milicias privadas deberían restringirse a acciones estrictamente defensivas de protección de las instalaciones del gas, el petróleo y las minas. El ejército mozambiqueño necesita una reestructuración inmediata, que garantice el despliegue en las zonas en conflicto de las unidades más preparadas para encararlo, mientras se entrena al resto para afrontar semejante misión. La gestión del gas debería encargarse directamente al Banco Central y a algún género de fundación o fondo soberano que garantice la correcta distribución de beneficios incluso cuando se agote, para lo cual no debería resultar difícil buscar algún género de auditoría externa, quizás de carácter internacional. Estos beneficios se harían recaer, en primer lugar, sobre las comunidades más cercanas a los centros de extracción, a cuyos jóvenes se debería becar ya para facilitar su acceso al tipo de trabajos que se van a demandar en un futuro inmediato. Los triunfalistas mensajes gubernamentales, la negativa de las empresas gasísticas a reconocer la situación, el desmadre de sus “contratistas”, un ejército incapaz de obtener resultados dentro de los límites de lo humanitariamente tolerable y unos yihadistas que no dudan en “defender” a la población objetivo asesinando a los individuos que la integran, han causado hasta ahora un millar largo de muertes y por encima de los 250.000 desplazados. Sin embargo, todo ello constituye, apenas, un aperitivo comparado con lo que podría acabar ocurriendo si este incendio se contagia a Malaui, Zambia y la propia Tanzania.