En 1980 cerraron los almacenes Wolworth de Granada. Aquel edificio, enorme y céntrico, despertó rápidamente el interés de la Diputación Provincial que acabó instalándose allí en 1984. Aunque los rumores de que algo extraño ocurría en su interior venían de la época de los almacenes, todo se salió un poco de madre con la llegada de la institución provincial a sus paredes: muebles que aparecían por las mañanas cambiados de lugar, trabajadores a los que una mano misteriosa impedía cumplir sus tareas, ascensores que eran llamados desde plantas desiertas y máquinas de escribir que funcionaban con mayor intensidad cuando no había personal a su cargo que cuando lo había. Tal fue el grado de agitación entre los trabajadores que los responsables de la Diputación accedieron a que investigadores de fenómenos paranormales acudieran a intentar aclarar los hechos. Tras un intenso trabajo, publicaron un retrato robot que espectadores de un programa televisivo en el que se emitió identificaron como el padre Benito, un cura al que su orden prohibió entregar su fortuna (?) a los pobres y que, hay que suponer, acudió a la Diputación enterado de la generosa donación de fondos públicos que suelen hacer. Descubierto para los medios de comunicación, el bueno del padre Benito decidió que había que poner tierra de por medio y emigrar hasta un ámbito más acogedor para un fantasma, es decir, otra Diputación.
El Cuartel de la Puerta de la Carne comenzó a edificarse a finales del siglo XVIII cerca de lo que hoy es el centro de Sevilla. Durante tres siglos pasaron por allí soldados de toda procedencia sin que ninguno fuese capaz de relatar nada extraño. En los años ochenta, fue remodelado para albergar la Diputación Provincial y, no queriendo ser menos que la de Granada, en cuanto ésta comenzó a funcionar en su nueva sede, empezaron a ocurrir esas cosas raras que tan frecuentes parecen ser en las diputaciones provinciales. Una vez más, los fantasmas se dedicaron aquí a lo que se dedica todo buen fantasma de una Diputación Provincial, es decir, a mover los ascensores, hacer sonar las máquinas de escribir por la noches y refrenar a los trabajadores que intentan hacer su trabajo. Aunque ha habido varias investigaciones al respecto, sus resultados no han visto la luz pública pues en este país nadie está muy interesado en que se sepa qué ocurre en el interior de las diputaciones provinciales.
Estas instituciones, tan rodeadas de misterios, vuelven a estar de moda. PSOE y Ciudadanos han llegado al acuerdo de que hay que “modernizarlas”, “acabar con el caciquismo que han generado” y “dinamizar la administración”, es decir, están dispuestos a llevar a cabo lo que Primo de Rivera prometió en 1925. Y es que las 51 diputaciones provinciales de nuestro bonito país manejan un presupuesto de unos 21 mil millones de euros al año, que son distribuidos en el “suministro de servicios a los pequeños municipios que no podrían pagarlos” y cooperar con ellos o, dicho de otro modo, riegan de dinero a quien les da la gana sin que exista la menor posibilidad de control sobre cómo y por qué lo hacen. Da idea de lo que estamos hablando que su plantilla se eleva a más de sesenta mil personas, es decir, unas mil doscientas personas por Diputación. De ellas, 1.040 son diputados provinciales cuyo salario mínimo ronda los 53.000 euros anuales, aunque, la verdad sea dicha, pocos se conforman con ganar menos que el presidente del gobierno. A cambio de estos modestos ingresos acordes con nuestros tiempos de austeridad, los diputados provinciales se dedican a enchufar a cuanto familiar, amiguete o conocido viene a pedirles el favor pues si se hiciera una investigación, no de las sicofonías, sino de la endogamia en estas instituciones, saldrían unos resultados que harían del Tribunal de Cuentas un prodigio de objetividad a la hora de elegir personal. Si los diputados provinciales realizan alguna otra actividad no relacionada con el nepotismo es algo que no sabemos ya que estas instituciones son de una impenetrabilidad que ríase Ud. de los fenómenos paranormales. Por si fuera poco, hace ya varias décadas que los ayuntamientos comenzaron a organizarse en mancomunidades, las cuales tienen sus Asambleas y sus órganos de gobierno, con sueldos que son el secreto mejor guardado de la democracia. A su vez, estas mancomunidades crearon, para dotar de servicios a los municipios que las integran, diferentes empresas públicas, cuyos empleados, al no ser funcionarios, se eligen por el democrático proceso del dedímetro y cuyos consejos de dirección deciden cuál es el sueldo que debe corresponder a los consejeros. En definitiva, no estamos hablando de que haya competencias (y prácticas corruptas) duplicadas, es que las hay multiplicadas hasta el infinito sin necesidad alguna.
No obstante, existen muchos amigos de los fantasmas. El PP ha salido en tromba contra la idea de suprimir, reformar o modificar la estructura de las diputaciones, escandalera que, de todas formas, apenas si ha alcanzado el volumen de la que se ha liado en el PSOE cada vez que a sus dirigentes se les ha ocurrido llevar esta idea en su programa electoral. Dicen que suprimirlas conllevaría un ahorro de unos tres mil quinientos millones de euros al año. Yo dudo mucho de que antes de suprimirlas nuestros políticos no encuentren el modo de tirar esa pastizarra por otra alcantarilla, pero más allá del dinero, esta claro que sí que nos ahorraríamos un montón de sustos.