“Atacar el poder judicial es atacar a la democracia. No hay democracia sin un poder judicial independiente y autónomo”. Así respondió Dias Toffoi, presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, al vídeo en el que se veía a Eduardo Bolsonaro, el diputado más votado en la historia del país, afirmando que, para cerrar el citado Tribunal Supremo Federal, “uno no manda un jeep, manda un soldado y un cabo. Sin desmerecer al soldado y al cabo". Su padre Jair Bolsonaro, en aquel momento candidato a la presidencia y hoy día presidente, afirmó que las declaraciones de su hijo y correligionario se habían sacado de contexto. Y, ciertamente, merecen que se las coloque en contexto. Las declaraciones de Bolsonaro hijo se realizaron durante su asistencia como ponente invitado a un curso preparatorio para la policía federal en los tiempos en los que se rumoreaba que el Tribunal Supremo abriría una causa contra Bolsonaro padre por haber recibido el apoyo ilegal de más de un centenar de empresarios que financiaron una campaña de insultos y desprestigio contra su rival en las presidenciales a través de Whatsapp. Incluso se puede ampliar el contexto. El grito “los jueces no nos impedirán gobernar”, lo lanzó en España quienes ahora se venden como dique de la ultraderecha, convirtiéndose en el mantra del PSOE bajo dirección de Felipe González cuando comenzaron a menudear en sus gobiernos los casos de corrupción. De semejante principio se deducen dos corolarios (“la corrupción la juzgan las urnas” y "todo lo que sale de un Parlamento es legítimo") que los progres de aquella época y los independentistas de esta no han dudado en cacarear.
Como ya hemos insistido muchas veces desde aquí, reducir la democracia al acto de votar significa matarla. Si repasan la época de esplendor de la democracia en Atenas podrán comprobar que allí, realmente, se votaba poco. Ni siquiera los cargos se votaban, se otorgaban por sorteo. Los griegos pusieron en la sabia astucia del azar el equilibrio de poderes. Montesquieu, mucho menos sabio y menos astuto, tradujo el equilibrio en división, división de funciones entre el Parlamento, el gobierno y la judicatura. Pero nadie pudo evitar la tentación de los parlamentos por nombrar gobiernos y jueces, rompiendo el frágil equilibrio ilustrado. Pese a ello y a que hay jueces que parece que el cargo les ha tocado en la tapa de los yogures, hace un par de semanas, mientras los medios de comunicación nos apabullaban con el importantísimo juicio al procés, las importantísimas elecciones locales y europeas y la todavía más importante final de la Copa de Europa de furgo, el Tribunal Constitucional, fuera de focos, libró a nuestra democracia de la desaparición.
En noviembre del pasado año, en su ahínco de velar por los intereses de los ciudadanos, el Congreso primero y después el Senado, aprobaron las modificaciones de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), que llevaba ahora adosada una disposición final por la que se le permitía a los partidos políticos rastrear la actividad de los ciudadanos en Internet, crear perfiles de cada uno de nosotros y, en consecuencia, dirigirnos todo tipo de publicidad, encubierta o no, de modo personalizado, para manipular nuestro voto. Dicho de otra manera, la totalidad de los partidos representados en el anterior Parlamento (y hay que recordar que, precisamente la ultraderecha no lo estaba) aprobaron en primera lectura amparar por ley todo lo que en el resto de países se considera contrario a los más básicos principios democráticos y, de hecho, el gran peligro de la democracia moderna, como ya se demostró en el caso de la intervención rusa en las elecciones de EEUU. Y todo eso, ponerlo en manos de los propios partidos políticos que podrían crear así, a su antojo, pequeños centros de intoxicación como los que se supone que tienen en grande muchos Estados modernos algunos de ellos frecuentemente calificados de dictaduras. Al PSOE, recordemos, el baluarte de la socialdemocracia contra los reaccionarios en auge, impulsor de la norma, no le costó trabajo encontrar apoyos a derechas e izquierdas (si bien Podemos, cuando se enteró de que la propia Comisión Europea había alertado contra el engendro, reculó en el Senado), incluyendo, por supuesto, a los constructores de patrias en las que queda muy claro en qué consistiría esa libertad con la que se les llena la boca: Bildu, ERC, Junts per Catalunya, etc.
Un grupo de abogados y asociaciones ciudadanas (entre ellos, Borja Adsuara, José Luis Piñar, Jorge García Herrero, Elena Gil González, Víctor Domínguez, de la Asociación de Internautas, Miguel Pérez Subías, de la Asociación de Usuarios de Internet, Virginia Pérez Alonso, de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información-PDLI, Rodolfo Tesone Mendizábal, de la Asociación de Expertos Nacionales de Abogacía Digital, Ofelia Tejerina, Carlos Sánchez Almeida, Cecilia Álvarez Rigaudias, Lorenzo Cotino, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Prensa, la Asociación Española Pro Derechos Humanos, Luis Gervas de la Pisa...), pusieron en acción a un Defensor de Pueblo, evidentemente con más apego por la decencia que por el cargo, Francisco Fernández Marugán, y a un Tribunal Constitucional que, en un tiempo récord, admitió a trámite y dictó una sentencia de 36 folios que tumbaba la mencionada disposición final. A ellos les debemos todos que, al menos mañana, sigamos disfrutando de algo que recuerde a la democracia.
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