Érase una vez una de esas repúblicas surgidas tras la desintegración del bloque comunista. Había en ella un bonito lago cerrado en exclusiva para el uso y disfrute de los prohombres de la patria, hasta que un ciudadano como Ud. y como yo tuvo la desfachatez de profanarlo bañándose en él. Lleno de justa indignación al ver sus privilegios pisoteados, cierto diputado tomó el arma a la que le daba derecho la ley, se plantó en la casa del profanador y le descerrajó cuatro tiros delante de su mujer y de sus hijos. Después, algo más calmado, se subió a su vehículo de lujo y se marchó. Cuando la noticia apareció en la prensa europea, la policía aún no había acudido a la humilde mansión del diputado para arrestarlo. Aunque le perdí la pista a la noticia, es probable que la polvareda que se levantó lo condenara a abandonar el parlamento y a pasarse el resto de su vida recluido en alguna empresa energética como director general.
En España no ocurren tales cosas. Por algo somos un Estado de Derecho, es decir, aquí, al que osa atentar contra los privilegios de la clase política, lo juzgan. Es lo que está ocurriendo actualmente con un grupo de ciudadanos que intentaron rodear el Parlament de Cataluña el 15 de junio de 2011. Hemos podido ver a diputados autonómicos, al borde de las lágrimas, recordando cómo fueron amenazados de muerte por sus votantes (al parecer le dijeron: “vamos a acabar con tus privilegios”) y al futuro padre de la patria, Don Arturito Mas, explicando hasta qué punto se sintió coaccionado cuando tuvo que oír la voz de ese pueblo al que tanto dice amar. Paralelamente dos personas han muerto al ser arrestadas por los mossos d’escuadra, incidentes que ya tenían un precedente hace unos meses. Se abrirá una investigación y, probablemente, se concluirá que los mossos actuaron debidamente. No es una coincidencia, es una advertencia. Advertencia de que el futuro Estado catalán será independiente y será una república, lo que no será es más libre. Las cartas, los cargos y, sobre todo, los fantásticos 16.000 millones de euros que brotarán de las piedras con la independencia, están ya repartidos y cualquiera que ose levantar la voz para denunciar el gigantesco amaño que se está preparando será, primero, acusado de agente español infiltrado y, posteriormente, puesto a disposición de los mossos d’escuadra para que “actúen debidamente” con él.
La pugna entre Madrid y Barcelona, como la que hubo entre Castilla y Aragón, nunca fue una pugna acerca del modelo de Estado, sino una pugna acerca que quién iba a manejar el cotarro. Ha sido en Madrid en donde una pobre anciana detuvo su vehículo en pleno carril bus para ir a sacar dinero de un cajero. La pobre mujer observó cómo unos policías locales se acercaban a ella en la violenta disposición de ponerle una multa. Multa que, por otra parte, podía ascender a doscientos euros. La pobre anciana de la que hablamos apenas si cobra una mísera pensión de ex-presidenta de la Comunidad Autónoma y malvive con ella y con los ahorros que ha podido ir juntando tras su esforzado trabajo como presidenta del Senado, Ministra y otras duras labores semejantes. La cuantía de la multa implicaba para ella, pues, penurias sin cuento hasta final de mes. Aterrorizada, se metió en su vehículo y se dio a la fuga, no sin antes golpear la moto de uno de los policías, tan mal aparcada que no le permitía huir sin hacer maniobras. En su fuga, se le aproximó otro coche de policía desde el que le dirigieron feroces insultos machistas, sexistas y clasistas, tales como: “Señora, haga el favor de parar”. Al fin, llegó a su humilde morada, entró en su humilde garaje y envió a su humilde escolta pagada por todos nosotros (no olvidemos que esta señora, como todos los que ostentan el título de grande de España, es muy humilde) a negociar con los policías revolucionarios que la acosaban con la intención, entre otras bajezas, según declaró nuestra protagonista, de hacerle una fotografía vejatoria en la que se la viese cumpliendo con su deber de ciudadana. La pobre ancianita de la que hablamos se llama Esperanza Aguirre, es presidenta del PP en Madrid y, a poco que los jueces la dejen en paz, puede llegar a ser candidata a la presidencia del gobierno. Ese día, que se atengan a las consecuencias los que se atrevan a profanar alguno de los muy privilegiados clubes a los que tienen derecho los políticos españoles.
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